Por IRINA SANTIESTEBAN, secretaria general de la Asociación Gremial de Trabajadores Judiciales de Córdoba

El falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fuera asesinado en 2004 en medio de un dudoso rescate por parte de la policía, luego de ser víctima de un secuestro extorsivo, fue uno de los impulsores de este tipo medidas.

Con la presión de una convocatoria multitudinaria y varias marchas en Buenos Aires, logró que el Congreso de la Nación sancionara una serie de reformas a la ley penal, en un sentido más represivo. Cual si fuera un diputado, Blumberg intervenía en los debates desde las gradas y el resultado fue tan desprolijo que aún los defensores del endurecimiento de las penas, tienen que reconocer hoy que el Código Penal se ha transformado en un compendio desordenado de figuras y condenas que no guardan relación unas con otras.

Dos años después, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner encargó a una comisión especial, la redacción de una reforma integral al Código Penal, para armonizar aquellas deficiencias. El sentido general de aquella propuesta de reforma fue progresista, y en su contra se alzaron muchas voces argumentando que era un Código redactado “para los delincuentes”, muy en sintonía con las propuestas que hoy estamos escuchando. Como también el proyecto de reforma despenalizaba la interrupción del embarazo que fuera realizado antes de las 12 semanas de gestación, la Iglesia Católica fue una de las voces más duras que se opusieron a esa reforma.

El gobierno, como en tantos otros temas, prefirió “cajonear” el proyecto, antes que defenderlo, aún haciendo algunas concesiones a esos sectores conservadores.

El asesinato de un ingeniero en la zona norte del cono urbano bonaerense, volvió a poner en escena a personajes como Blumberg, quien había sufrido una abrupta caída en su popularidad luego del fracaso de su candidatura a gobernador de Buenos Aires, por el partido del neuquino Jorge Sobisch. Su consigna “100% preparado” no convenció a casi nadie y su performance en la elecciones de 2007 fue ínfima.

La detención de dos menores de edad, de 15 y 16 años, como presuntos responsables de ese crimen, provocó la furia de los vecinos de ese sector de clase media y alta, para quienes el problema principal no son los bajos salarios, ni el desempleo, ni la desigualdad social, sino la inseguridad, sensación que es incentivada de manera evidente por la mayoría de los medios de prensa, gráficos y televisivos, en particular los de alcance nacional. Es así que las noticias policiales, aún menores, tienen una cobertura que no logran otros acontecimientos de igual o mayor importancia social.

Mientras se le brinda amplio espacio mediático a estos sectores que piden a gritos el encarcelamiento de cuanto joven encuentren sospechoso de algún delito, se oculta o minimiza el hecho de que una docente de la escuela a la que concurre uno de los menores, ha efectuado declaraciones que lo favorecen, y ha dudado de la eficacia policial, sugiriendo que estas detenciones pueden ser, como tantas veces ha ocurrido, fruto de la mala costumbre policial de buscar “chivos expiatorios”, casi siempre jóvenes y pobres.

Esta valiente intervención de una docente de una humilde escuela pública, que conoce a uno de los detenidos, no parece relevante para los ciudadanos ni tampoco a la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, quien ante la posibilidad (aún no probada) de que el autor pudiera ser un menor de edad, plantea sin titubeos, que “hay que bajar la edad” de imputabilidad para los menores.

Scioli reconoce que en Buenos Aires viven más de 400 mil jóvenes sin trabajo ni educación, pero lejos de asumir una mínima autocrítica ni explicar qué acciones está desarrollando o piensa aplicar su gobierno para revertir esa situación, se lanza a la fácil y temeraria receta de “endurecer” las leyes para que los menores puedan ser juzgados y condenados a partir de los 14 años.

Al mismo tiempo que se amplifican por algunos medios de prensa todo tipo de delitos, provocando una mayor sensación de inseguridad en la población, otras noticias son cuidadosamente silenciadas.

El pasado domingo la agencia de noticias alternativa Rodolfo Walsh difundió un comunicado de la Red Provincial por los Derechos Humanos de Corrientes, que denunciaba la situación de los menores presos en la Unidad 6 de San Cayetano, ubicada a 25 km. de la capital correntina. Los jóvenes detenidos en esa unidad, entregaron a través de una integrante de la Red, una carta dirigida a la jueza de Menores N° 1 Rosa Esquivel de San Lorenzo, quien ante la gravedad de la denuncia, la remitió inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Sin embargo, habiendo transcurrido más de 15 días de entregada la misiva, todavía no hay una respuesta ni una investigación para determinar la veracidad de los hechos denunciados.

Los jóvenes detenidos dieron cuenta de por lo menos un asesinato, torturas, vejámenes y tormentos psicológicos a los que son sometidos por el personal de custodia, especialmente por el Grupo de Traslados ETOP (Equipo de Tareas Operativas Penitenciarias), tristemente conocido como el "Grupo de Negro".

Denuncian que San Cayetano es como “Alcatraz, Guantánamo o Auschwitz, el campo de concentración nazi” y que en los días de visita, por el costado de la alambrada, los guardias se pasean con perros rodweiler y dóberman, en una clara señal de amedrentamiento a las visitas. Los jóvenes le piden a la jueza que los visite o que los reciba en audiencia para poder contarle y mostrarle la forma infrahumana en que son tratados.

En San Cayetano, como en tantos otras instituciones donde se encuentran alojados jóvenes en conflicto con la ley penal, se violan abiertamente las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (ley nacional 26.061).

¿Es así como piensan Scioli y los defensores de la “mano dura” que se va a acabar el problema de la delincuencia juvenil? En lugar de reclamar penas más duras para los adolescentes y jóvenes, sería bueno que los vecinos reclamaran mayor seguridad para todos y todas, pero exigiendo al Estado que garantice los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes: contención familiar, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad, salud y un derecho básico fundamental: jugar en lugar de trabajar en las calles.

Lo que hay que disminuir no es la edad de imputabilidad de los menores, pues por ese camino vamos a terminar encerrando a los chicos desde los 8 años. Para lograr bajar los índices de inseguridad, hay que reclamar que se cumplan los derechos básicos de nuestros niños y jóvenes.