PUNIBILIDAD DE LOS MENORES, FALSA SOLUCIÓN

Cada vez que el delito asoma como un hecho o una amenaza y cada vez que la mayoría de los medios de comunicación masiva alientan la sensación de inseguridad, algún político advenedizo y oportunista sale a la palestra con la varita mágica de algún proyecto de ley que acabaría con el flagelo.

Una de esas fórmulas mágicas es la idea de bajar la edad de imputabilidad penal, esto es, hacer punibles penalmente a los menores de edad.

Es, sin duda, una falsa solución, que solo sirve para que ese político o algún comunicador salga por los medios a pretender estar verdaderamente preocupado por el delito y, en realidad, esconder que el tema no le interesa más que para cosechar votos. Las causas de los delitos siempre son variadas y complejas. Cualquier simplificación de es un acto de irresponsabilidad social y política. Lo que ocurre es que para garantizar la tranquilidad de la gente y proteger a la enorme mayoría de la población del crimen, en todas sus formas, es necesario avanzar en varios frentes a la vez y a eso no están dispuestos muchos de los que nos gobiernan y otros más que pretenden gobernarnos. Y no lo están porque la cuestión es avanzar hacia un país equitativo, con justicia social, con igualdad. Esto no es un discurso sino una realidad probada: los países con mayor equidad tienen mucho menos delitos y, paradójicamente, mucha menos policía, entre otras cosas.

Es por eso que una política integral para abordar el problema debe incluir necesariamente que se ataque el flagelo de la desigualdad y la pobreza. La efectivización de una asignación universal mínima, como propone desde hace ya tiempo, la Central de Trabajadores de la Argentina, es una medida concreta que proponemos en esa dirección. En relación a los delitos violentos o con violencia es una verdad indiscutida que surgen con magnitudes excepcionales en aquellos países donde la profunda desigualdad social, económica y cultural genera cotos de resentimiento que se acumulan de generación en generación.

Pero atacar la desigualdad y la injusticia no se les ocurre a esos políticos que alimentan un sistema corrupto del cual, a su vez, sacan ganancias para sus bolsillos. Solo se les ocurre el latiguillo de bajar la edad de imputabilidad como si este límite no se fundara en razones científicas que admiten todos los pueblos del mundo en relación a la necesaria madurez de una personalidad. Por el camino que nos indican esos políticos y periodistas meteríamos en prisión a los niños de la calle. En cambio, hay que implementar políticas globales sobre minoridad. También, en función de avanzar en el tema, es necesario una profunda democratización de los poderes judiciales y de las fuerzas policiales. Mientras jueces de la dictadura continúen en sus puestos después de 25 años de democracia, mientras fuerzas entrenadas en avasallar derechos humanos sigan ejerciendo como supuestos custodios del orden, no nos mintamos: no habrá seguridad.

Una reforma judicial, una profunda reestructuración y, en algunos casos, una integración totalmente renovada de las fuerzas policiales es imprescindible. ¿O todavía seguiremos de espaldas a esa realidad que nos está marcando un entrelazamiento entre el crimen y sectores del aparato estatal?

Hay que atacar, pues, a las mafias de la droga, de los desarmaderos de automóviles, de los secuestros extorsivos, del contrabando y de tantos otros delitos que, como bien se sabe, están sostenidos por factores de poder que penetran los propios servicios policiales y del Estado. También la participación ciudadana a través del control de esos aparatos es una cuenta pendiente.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires se ha creado el fuero penal juvenil y, paradójicamente, a pesar de las declaraciones sensacionalistas del gobernador bonaerense acerca de los delitos protagonizados por jóvenes, no se ha puesto en marcha dicho fuero. Una política de prevención del delito, entonces, no pasa por campañas mediáticas o de politiqueros, sino por un auténtico debate nacional, que nos lleve a las causas de la delincuencia social. Así también iremos acabando con un sistema injusto y otra clase de delitos: los de guante blanco, como se decía antes, o los del capitalismo salvaje, para decirlo por su nombre.

Es por todo ello que el miércoles 12, la CTA, la Comisión por la Memoria, Los Chicos de Pueblo, movimientos de organizaciones sociales y representantes de partidos políticos nos movilizaremos en la ciudad de La Plata, desde la República de los Niños hasta la Plaza San Martín , exigiendo, se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios que garanticen que no haya ningún pibe pobre en la provincia de Buenos Aires y también que se concreten las garantías constitucionales que aseguren que los Únicos privilegiados deben ser nuestros Pibes y nuestros Mayores.

Víctor Mendibil Secretario de Interior CTA y Cosecretario General FJA

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008