Conflicto agrario:

LAS CUESTIONES DE FONDO QUE LOS TRABAJADORES DEBEMOS SOSTENER

Hace ya mucho tiempo que el conflicto por el reparto de la renta agraria se transformó en una pulseada política. Lo que quiere decir que la forma en que se resuelva esta confrontación tendrá consecuencias no solo económicas sino, también, sobre la configuración de las relaciones de fuerza y de poder, y sobre el modelo de país.

Pensar que la cuestión de la renta agraria puede reducirse a un problema económico y que la extendida protesta de diversos sectores del campo no es una cuestión política, resulta, cuanto menos, una ingenuidad.

La propia iniciativa del gobierno al imponer las retenciones móviles definió políticamente el panorama. Cuando el Poder Ejecutivo impuso la medida definió, al menos en función de la misma, los sectores sociales a los que pretende beneficiar y a los que perjudica.

Porque ya sabemos que los más pequeños se verán perjudicados en proporción mayor que los grandes. Y ese perjuicio los obliga a continuar la tendencia de someterse al más grande, de arrendar sus campos o de vincularse de manera subordinada a los sectores más concentrados, ya que su actividad se torna si no ruinosa, cuanto menos, muy poco rentable.

Poco cambia la situación con las medidas de flexibilización de la política oficial a partir de la protesta. Se anuncia tardíamente la pretensión de atender la demanda de los pequeños productores y sin embargo al bajar el techo de las retenciones móviles a partir de que los productos superen un precio elevado a futuro, beneficiará por igual a productores y exportadores con independencia de su tamaño. El gobierno reconoce que en principio no atendió las asimetrías entre grandes y pequeños productores y solo atina con parches que no logran abordar integralmente la cuestión.

Esta medida (retenciones móviles), al fin y al cabo, se corresponde con la desatención reiterada del reclamo de una ley de arrendamientos rurales, que entre otros aspectos imponga un plazo mínimo, y con la falta de regulación de la actividad exportadora, a la manera de la otrora Junta Nacional de Granos y de su equivalente Junta Nacional de Carnes.

Tal medida indiscriminada no podía sino traer como consecuencia una polarización social y política desfavorable a un proyecto político, social y económico verdaderamente popular.

Porque, en efecto, muchos se preguntaron qué hacen los pequeños y medianos productores junto a los grandes terratenientes, los protagonistas de la vieja y la nueva oligarquía del campo. Pero la primera explicación a ese rejunte está en la propia naturaleza de la política agraria del gobierno y no solo en relación con las retenciones.

Además, en el medio de la puja quedaron aplastados los peones rurales, los miles de trabajadores del campo que apenas pudieron alzar la voz con sus reclamos centenarios de salario mínimo, vital y móvil (tan móviles como las retenciones), el blanqueo de sus ingresos, la limitación de las horas de trabajo y condiciones dignas de vivienda, salud y educación. También han quedado excluidos los movimientos populares campesinos tales como el Mocase, el Mam y Poriajhu entre otros.

En ese marco polarizado, donde los medios de comunicación masivos, muchos de los cuales no pueden esconder sus vínculos con sectores de poder político y económico, a pesar de que levantan el eslogan del “periodismo independiente”, la voz de los trabajadores se escuchó poco o nada.

Pero no se trató solamente del ocultamiento que los medios de comunicación que responden al poder económico más concentrado hizo que la palabra de los trabajadores no se escuchara lo suficiente y lo necesario para que esta puja fenomenal se resuelva favorablemente a los sectores populares.

Fueron nuestras propias debilidades las que nos limitaron para incidir en el debate y en los hechos. Y lo alarmante de esta debilidad es que un tema sustancial, tal como el reparto de la riqueza, se está dirimiendo, fundamentalmente, entre sectores que poco o nada tienen que ver con la defensa de un modelo económico y social equitativo.

Por lo tanto, los intereses de los trabajadores quedaron desplazados del centro de atención, en beneficio de un modelo con el cual venimos confrontando.

Nuestra debilidad se puso en evidencia cuando el movimiento obrero se ve cruzado por falsas alternativas, entre oficialismo y oposición, y no se posiciona, con autonomía, no por la autonomía misma, sino porque ella es la derivación propia de la defensa de nuestros intereses, en relación directa con un modelo de país.

Es imprescindible, y todavía estamos a tiempo, que se erija una poderosa voz, autónoma y esclarecedora de los trabajadores, que incluye no solo en el debate sino en el curso de los acontecimientos.

Hacerlo supone intervenir en la cuestión agraria y de recursos naturales, como el petróleo y la minería con un enfoque de soberanía nacional.

Esa voz debe reivindicar la necesidad de un modelo económico, político, social y cultural soberano, equitativo, solidario, sustanciado con los valores de la paz y la justicia social.

Un pilar fundamental de este modelo es la soberanía alimentaria, esto es la estructuración de un sistema de producción que garantice la cantidad y la calidad de los alimentos que reciban equitativamente todos los argentinos, con independencia respecto de los dictados e intereses de las multinacionales, y que apunte a resolver en primer lugar los problemas del hambre y la desnutrición de la enorme cantidad de argentinos sumidos en la pobreza y que, por supuesto, contribuya a paliar el hambre en el mundo.

El problema crucial de la soberanía alimentaria, en una coyuntura internacional en que el aumento de los comodities y la carencia de los alimentos torna críticos los estragos del hambre y la pobreza, es una cuestión que si bien no estuvo ausente en estos últimos meses fue enunciado como un mero recurso retórico para justificar posiciones que, en realidad, poco tienen que ver con este objetivo.

Es imprescindible discutir pues un modelo productivo, y con ello un modelo económico y político, que apunte verdaderamente a resolver los problemas de los argentinos.

A la vez, ni el problema de la distribución del ingreso se agota en su relación con la renta agraria, ni los problemas económicos de los argentinos y, en especial, los trabajadores se limitan a esta cuestión, que en realidad, en alguna medida, está desplazando una perspectiva más general de la situación nacional. La pérdida del poder adquisitivo, la inflación, la renta de los grandes monopolios, la soberanía alimentaria y sobre los recursos naturales, son algunas de las cuestiones que urge debatir. Resulta fundamental que los trabajadores nos involucremos en esta polémica, desde nuestra perspectiva que, sin duda, se vincula a la perspectiva de los sectores mayoritarios del país, que reúne a los pequeños y medianos productores del campo, de la pequeña y mediana empresa, de los estudiantes, de los profesionales y los intelectuales.

Mientras el conflicto siga protagonizado por los actores que hoy dominan el escenario, los trabajadores seguiremos siendo los principales perjudicados.

Fdo. : José Rigane Sec. de Organización CTA y Víctor Mendibil Secretario de Interior CTA