En razón de los paros, movilizaciones y reclamos que están llevando a cabo trabajadores de diversos poderes judiciales provinciales, el Plenario resolvió además un plan de acción que comenzó ayer con actividades solidarias con los compañeros de Neuquén que libran una sostenida batalla por salarios y la democratización de la Justicia.

Se aprobó asimismo que el 27 de junio se realice una Jornada Continental de Movilización de los trabajadores del Estado a la que convocó CLATE, la Confederación Latinoamericana de trabajadores estatales.

En esa fecha, la FJA conjuntamente con ATE se movilizará al Ministerio de Trabajo de la Nación, exigiendo, Libertad y Democracia Sindical, plena participación en paritarias y eliminación de todas las relaciones laborales que precarizan el trabajo.

El 3 de junio habrá Jornada Nacional de protesta de los judiciales, así lo decidió el Plenario de 22 y 23 de mayo de la Federación Judicial Argentina. ¿Cuáles son las principales motivaciones?

La característica fundamental es que tenemos conflictos salariales en numerosas provincias. El deterioro salarial por el proceso inflacionario genera conflictos y luchas en el sur y en el norte. Existen en la provincia de Buenos Aires, la más voluminosa filial, Neuquén hace largo tiempo que reclama, en Chubut pretenden modificar la ley porcentual provincial para aumentar a los magistrados y a los trabajadores no, tenemos problemas en Chaco adonde viajo en los próximos días. Y aprobamos entonces por unanimidad la jornada de lucha para el 3 de junio porque consideramos que ha llegado el momento de salir nuevamente a disputar aumentos salariales que cubran el proceso de deterioro.

Por el cúmulo de luchas, movilizaciones y paros, los trabajadores judiciales atraviesan un momento especial, ¿cómo lo caracterizarías?

Mientras haya sordera oficial a nivel nacional y de las provincias ante la demanda de que haya convenciones colectivas de trabajo a través de la legislación respectiva y ante el reclamo de rediscutir nuevamente la implementación escalonada de la Ley Porcentual con enganche nacional, los conflictos se van a multiplicar. Tenemos casos muy graves por la concepción elitista y medieval de muchos de los componentes de los Superiores Tribunales de Justicia (STJ) de las provincias. En Río Negro, por ejemplo, hay un desconocimiento absoluto del derecho de los trabajadores y pagos por obsecuencia: el alto Tribunal ha creado una asignación de características muy especiales, denominadas MIG, que apuntan a deteriorar las medidas de acción directa y a premiar a los carneros, cosas que son inaceptables.

En este sentido la FJA está promoviendo juicios contra estas anomalías…

Nosotros llevamos planteos muy severos en la OIT por varios casos, entre ellos los de La Rioja donde se lo persigue políticamente a nuestro secretario general Horacio Juárez, tenemos también problemas en Corrientes donde se verifica la violación de los derechos sindicales por parte del STJ. Cuando concurrimos al Ministerio de Trabajo se hacen los distraídos, nos aplican criterios administrativos cuando ellos tendrían que defender la plena vigencia de la ley 23.551. Pero en lugar de exigir el cumplimiento de la ley, el Ministerio termina consultando a los gobiernos provinciales donde los STJ responden al poder político y muchas veces barren y arrasan con los derechos constitucionales. Esto nos está llevando a que, además de la denuncia en la OIT, apelemos a la Secretaría de DD. HH. de la OEA para poner de manifiesto este desconocimiento de principios liminares. Lo que suele suceder en los ámbitos tribunalicios es intolerable en un Estado democrático y el gobierno deberá dar respuestas. Porque, que la propia Justicia no respete la legislación, es de una gravedad institucional enorme.

Ahora bien, muchos jueces de los STJ que deberían aplicar justicia en la sociedad, comienzan por no dar justicia a los reclamos de los trabajadores del Poder Judicial, a los que se discrimina. Hay altos magistrados, por ejemplo, que piden para ellos aumentos de casi el 50%, mientras solo proponen entre un 15 y 17% para los trabajadores de los Tribunales. ¿No es así?

Es verdad, por eso nosotros reivindicamos la convención colectiva de trabajo como marca el artículo 75 de la Constitución Nacional, convenciones donde podamos discutir de igual a igual condiciones de trabajo, el salario, el régimen horario y todo lo que hace al bienestar de los trabajadores. Si esperamos sólo las decisiones de los altos tribunales con jueces que son muy conservadores y que creen que tratan con siervos de la gleba y no con trabajadores, seguiremos en problemas. Realmente, la Justicia en la República Argentina es una verdadera vergüenza. Se salva la Corte Suprema porque ha sido renovada en su totalidad con un criterio democrático. Pero convengamos que los gobiernos se molestan cuando hay jueces idóneos, independientes, sin miedo a los gobernantes, y que toman determinaciones que afectan las discrecionalidades del poder político. Para eso está la Justicia, sin embargo, muchos jueces terminan siendo amanuenses porque les dan enormes aumentos mientras que a los trabajadores les dan migajas. Aquí hay una responsabilidad manifiesta de vastos sectores políticos, legislativos y del Ejecutivo, porque en Argentina no existe la división de Poderes, vivimos una ficción de democracia que nos llama a votar cada cuatro años y después hace lo que se le da la gana.

Esto explica el por qué la campaña que lleva la FJA por la democratización del Poder Judicial…

Así es, una de las cosas más importantes que hemos encarado es la exigencia de la democratización de las estructuras del Poder Judicial. Porque aspiramos a una elección de jueces con participación popular, en exámenes públicos de oposición y antecedentes, y con participación de los trabajadores de la Justicia, como tenemos en Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos, que son verdaderos ejemplos. Por eso nosotros estamos muy esperanzados en la convocatoria de junio de la Constituyente Social. Allí tendremos que analizar en detalle vastos problemas de la sociedad, pero en la medida que no abordemos con seriedad la cuestión de la democratización de las estructuras del Poder Judicial, imponiendo la necesidad de modificar las estructuras de los Poderes Judiciales, estaremos haciendo flaco favor a la clase trabajadora que termina pagando las consecuencias de fallos escandalosos que protegen los intereses de los poderosos. Máxime aún cuando está en marcha una reforma judicial que llega enlatada desde los Estados Unidos, que están empujando grupos de interés empresario, donde prácticamente desaparecerán las garantías laborales para los trabajadores y se piensa en un Poder Judicial con un 70% de abogados y un 30% de pasantes, destruyendo todas las conquistas laborales de los trabajadores judiciales.