La lucha de los judiciales neuquinos comenzó en los albores del 2003. Decidimos poner en la agenda política la “cuestión salarial”; reclamar mejores condiciones de trabajo; exigir el nombramiento en planta del personal contratado; cese inmediato de personal “meritorio” y nombramiento en la planta administrativa de los aspirantes con exámenes aprobados.

La iniciativa por la lucha salarial fue receptada por la Federación Judicial Argentina, generándose el reclamo en el resto de las provincias.

Este puntapié inicial, en soledad, mereció el intenso trabajo de la conducción, de la militancia y activistas de nuestra organización gremial.

Necesitábamos generar espacios de discusión con nuestros compañeros, convencernos que era posible y que reclamábamos una justa recomposición salarial, pleno reconocimiento de la Ley Porcentual y un sueldo ingresante por encima de los $750.

Los meses de aquel año (2003) fueron transcurriendo bajo una intensa lucha y se suspendieron las medidas de fuerza mientras permaneció actuando una mesa de diálogo convocada por el Tribunal Superior de Justicia.

No obstante ello y encontrándose en funcionamiento esta mesa, el TJS remite el proyecto de presupuesto sin contemplar partidas destinadas a una recuperación salarial, desconociendo la perspectiva -en materia salarial-, nacida de la acordada del Consejo de la Magistratura que ordenaba el pago de los $200 los judiciales federales.

Debido a esta “postura autista” por parte del TSJ, la confrontación era inevitable. Los diferentes plenarios y asambleas provinciales fueron moldeando y decidiendo las distintas medidas de fuerza (paros totales, paros sorpresivos, asambleas en lugares de trabajo, trabajo a código y quite de colaboración) en todas las dependencias judiciales.

También apelamos a nuestra creatividad para instalar el conflicto judicial en la sociedad a través de los medios masivos de comunicación. Finalizamos ese año, arrancándole al TSJ un reconocimiento de $1800 y el compromiso de reanudar las conversaciones en el mes de febrero del año en curso, a fin de elaborar una propuesta que incluyera una recomposición salarial.

Asumen nuevos vocales Los primeros meses del año en curso, al conformarse el nuevo Tribunal, reanudamos las tratativas con el TSJ y a través del Dr. Jorge Sommariva, vocal presidente. Se acordaron algunas cuestiones, como por ej. el pago de $200 de ayuda escolar (primaria, secundaria y universitaria) a todos los empleados, pero a posterior naufragó el mecanismo de la recategorización a pesar del compromiso público del mencionado Sommariva realizado ante más de 250 judiciales movilizados y en presencia de diversos medios de comunicación.

Esta insólita situación, sin antecedente registrado, fue determinante para encender un histórico conflicto en el ámbito de la justicia neuquina.

Acuerdan represión La receta forma parte de la jurisprudencia y que no es patrimonio exclusivo de este Tribunal. Al igual que el año pasado, cuando intentaron aplicar la acordada 65, que prohibía la realización de asambleas en lugares de trabajo, el TSJ fue plasmando su postura represiva frente al conflicto.

Mediante acuerdo 3769, además de colocarnos en situación de privilegio frente a otro trabajador, reducen a “meras conversaciones” entre el Presidente, Dr. Jorge O. Sommariva y el gremio acerca del mecanismo reconversión de cargos. Y en manifiesta colisión con la Ley 25.250, cuyo Decreto Reglamentario nro 843/2000 establece claramente los servicios esenciales, declaran al servicio de justicia, como “servicio público esencial”, cuya prestación ininterrumpida debe ser ineludiblemente atendida por el número de agentes que el titular de cada dependencia determine. Esta medida constituye en la práctica una limitante concreta del derecho constitucional de huelga.

¿Pasante o quedante? También, con el firme propósito de mermar nuestra capacidad de lucha, el TSJ acuerda el ingreso de “pasante rentado” con sueldo de $500, a quienes caracterizamos sin dudarlo de “rompe-huelga” y dando una muestra de unidad en la lucha fuimos capaces de sacarlos y no dejarlos permanecer en las dependencias.

Entendemos que esta medida está directamente encaminada a favorecer a los “hijos de” cercanos al poder y no esta direccionada al profesional que en un plazo determinado de “praxis” reafirme sus conocimientos teóricos académicos.

Una señal Producto del agravamiento del conflicto y a fin de encontrar un camino de diálogo, contamos con la participación del Dr. Ricardo Kohon -representante del Colegio de Abogados de Neuquén-, quien fue el encargado de facilitar el acercamiento de las partes.

El TSJ convocó rápidamente al Sejun para conformar una mesa de diálogo y designó como representante al vocal Roberto Fernández, al Cr. Alberto Paponi y a la Secretaría de Superintendencia. También, como gesto de buena voluntad, nuestra patronal dispuso reintegrar totalmente todos los días descontados con motivo de las medidas de fuerza dispuestas.

Las diferentes asambleas realizadas en toda la provincia, mandataron a la conducción a suspender las medidas de fuerza cuando se efectivizara la primera reunión con los representantes del TSJ. Es así que en las dos reuniones formales, se acordó el pago de los $200 (remunerativos y bonificables) y retroactivos al mes de abril del año en curso para todo el personal del poder judicial.

Este acuerdo formó parte de un proyecto de Ley enviado a la Legislatura y que resulto aprobado por unanimidad. Y con los haberes de octubre, los judiciales neuquinos percibimos la nueva escala salarial y la suma retroactiva correspondiente.

La lucha continúa Ante la adversidad, fuimos capaces de construir y sostener en el tiempo la lucha permanente, a pesar de los descuentos masivos en nuestros haberes. Lejos de mostrar una postura dubitativa en nuestras acciones, los plenarios y las asambleas resolvieron endurecer las medidas de fuerza, lo que produjo la paralización y el colapso en varias dependencias judiciales.

Los judiciales neuquinos, hemos logrado un importante triunfo, pero somos conscientes que el futuro será de disputa permanente. También, olfateando resultado adverso, hemos realizado presentaciones legales contra las acordadas que declaran a la justicia servicio público esencial y la modalidad de prácticas rentadas.

Pero nuestro reaseguro es la lucha en conjunto, porque todas estas iniciativas forman parte del plan nacional de reforma judicial y que tienden a pulverizar nuestras históricas conquistas, a las cuales no renunciamos: pleno respeto a la carrera judicial (ingreso y ascenso concursado) y reconocimiento a la Ley Porcentual. No permitiremos la flexibilización laboral y continuaremos nuestra lucha por un Poder Judicial democrático, autónomo e independiente.