El 6 de junio la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley anti-terrorista con 51 votos a favor y 1 en contra, y una semana después, el 13 de junio, la Cámara de Diputados le dio la otra media sanción, con 102 votos por la afirmativa, 35 por la negativa y 5 abstenciones.

Sólo falta la promulgación por parte del Presidente, la que se descuenta, en cuanto la iniciativa tiene origen en el Poder Ejecutivo y el texto no ha sufrido sino leves modificaciones.

Con esta ley -sostiene la FJA-, el Gobierno responde a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que habían adelantado que considerarían a la Argentina como “país no confiable para las inversiones” si antes del 23 de junio no sancionaba una norma que castigue al “terrorismo”.

“La gravedad del tema -dice la FJA- es mayor en el presente cuando la administración Bush ha implementado un verdadero terrorismo de Estado mundial, uno de cuyos resultados más evidentes es la guerra de Irak.

Para eso ha inventado la doctrina de la guerra preventiva con la que intenta justificar a nivel global la pretensión de imponer al resto de los países la dictadura de los grandes grupos económicos que Estados Unidos representa.

El objetivo principal es siempre el mismo: oprimir, dominar, matar a fin de seguir explotando a pueblos y naciones y continuar acumulando ganancias y poder.

Precisamente, la militarización de nuestra América es una expresión concreta de esa “guerra preventiva”. La misma, fue promovida por Washington, y aplicada por el Comando Sur del Pentágono, con la miserable colaboración de una parte de los gobiernos de la región y la participación efectiva de sus respectivas fuerzas armadas y de seguridad.

Así, la militarización es uno de los pilares de la dominación política, económica y cultural de nuestros pueblos, asociada al libre comercio, el pago de la inexistente deuda externa, a la extensión del hambre, la pobreza y la exclusión social”.

Desde nuestra Federación estamos convencidos de que este tipo de leyes no sirve para combatir el terrorismo. Hace varios años, existen leyes antiterroristas en nuestro país. Desde 1999 Argentina es parte del Convenio de la ONU; en 2002 suscribe la Convención de la OEA; en 2005 el Congreso ratifica esos instrumentos. Y sin embargo, no se ha dado un solo paso en el esclarecimiento de los atentados terroristas contra la AMIA y la Embajada de Israel, entre tantísimos otros, muchos de los cuales han sido perpetrados por llamadas “fuerzas de seguridad” con la complicidad del poder político de turno.

Para la FJA, “la legislación anti-terrorista que estamos denunciando sólo sirve para perseguir a las personas y organizaciones que luchamos por un mundo justo y una vida distinta.

Si somos capaces de construir la mayor unidad posible, conseguiremos impedir la aplicación de esta ley y lograremos su definitiva anulación”.