Treinta años han transcurrido desde el golpe militar que sumió al país en la más negra noche y donde se desató la cacería de miles de seres humanos que, una vez hallados, fueron detenidos, torturados, sometidos a la degradación más terrible que la especie humana haya llevado adelante.

Los trabajadores judiciales del país, nucleados en la Federación Judicial Argentina, no hemos sido la excepción, más aún, hasta hace muy poco, un nuevo compañero desaparecido ha sido reconocido en la provincia del Chaco.

Desaparecidos que aún no se sabe dónde están, detenidos que fueron torturados hasta el límite de lo increíble, despedidos sin causas y también hubo quienes optaron por el exilio ante la persecución ideológica más feroz que la historia Argentina tenga memoria.

Hasta aquí, una realidad generalizada, que se llevó treinta mil compañeros detenidos desaparecidos que aún hoy son buscados incansablemente por sus amigos, familiares y organismos de derechos humanos.

A la cacería humana se la puso en práctica con el increíble argumento que había que combatir a la subversión cuando, por propios informes de inteligencia, se sabía que ya había sido desarticulada en forma absoluta. Nada se dijo que ese plan siniestro, elaborado en las usinas de las Centrales Internacionales de Inteligencia de los países dominantes, con la excusa de la guerra fría, llevaron adelante el plan siniestro de modificar la estructura productiva de un país que era ejemplo en América Latina en cuanto a su desarrollo.

Y el Poder Judicial en toda la geografía de la República, luego de suplantada la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Provincia después del 24 de marzo de 1976, pasaron a formar parte de este proyecto de dominación pergeñado desde los centros financieros internacionales y llevado a cabo imponiendo el terror a través de la persecución la censura y las detenciones indiscriminadas de seres humanos.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los recursos de habeas corpus radicados en los juzgados federales y cámaras penales sólo sirvieron para perseguir a los abogados que, solícita y profundamente comprometidos con la libertad de los compañeros perseguidos, se radicaban en tribunales.

Organismos paralelos afín a la dictadura como FORES, organizaron encuentros internacionales donde destacaron las bondades de la dictadura militar y fueron cómplices directos del baño de sangre al que se sometió al pueblo argentino, porque fueron esas organizaciones las que tuvieron a su cargo aconsejar la designación de los jueces que hicieron la vista gorda ante el desolador panorama que comenzaba denunciarse internacionalmente y que logró la condena unánime de la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos.

La pelea del pueblo Argentino, a lo que se sumó la tragedia de Malvinas, hizo retroceder a la dictadura que luego de apalear sin miramientos a los trabajadores el 30 de marzo de 1982, puso en marcha la operación de rescate del territorio nacional, aprovechando que la sensibilidad del pueblo permitía este despropósito que también costó más de 800 vidas en las islas y toda la secuela de suicidios que han elevado la cifra de víctimas de esta gesta, que se pretendió reivindicativa de la soberanía, y terminó -como correspondía- con la derrota más absoluta frente a los ejércitos del imperio anglonorteamericano.

Y llegó la democracia formal de la mano de Raúl Alfonsín, que por la decidida intervención del Senado Nacional puso en marcha la persecución de los genocidas que luego fueron juzgados y condenados. Hasta allí todo para destacar, pero en el ámbito del Poder Judicial, el gobierno constitucional iniciado en las postrimerías del año 1983, dejó en sus cargos a más del 70% de los jueces de la dictadura, garantizándole a los genocidas la impunidad absoluta, porque no podía pedírsele a los jueces comprometidos con el genocidios que juzgaren a sus responsables.

Llegó luego la rebelión de Campo de Mayo, que puso en marcha la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, que el Congreso Nacional, con la iniciativa del Poder Ejecutivo, plasmó en leyes abiertamente inconstitucionales. Sólo la Cámara de Bahía Blanca declaró su inconstitucionalidad. El resto de los jueces con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, convalidaron en un escandaloso fallo ambos plexos normativos, que sirvieron para echar un manto de silencio sobre tanta persecución y muerte.

El modelo económico encabezado por la dictadura militar, con la inestimable colaboración de sectores reaccionarios de la población, con Alfredo Martínez de Hoz a la cabeza, fue la causante absoluta y excluyente de tanta persecución y muerte, que quedaba impune a partir de la complicidad de los jueces de la Corte, quienes avalaron las leyes referidas.

Llegó la debacle institucional porque Alfonsín no supo, no quiso o no pudo modificar la realidad económica que le dejó la dictadura militar y a través del Plan Austral y la economía de guerra declarada ante miles de argentinos convocados a la Plaza de Mayo, profundizó la dependencia y la entrega de la soberanía nacional que terminó con su mandato en forma anticipada.

Mientras tanto los jueces, silenciosamente, avalaban todo lo que ocurría en materia de pérdida de derechos sociales, persecución a los luchadores que resistían la implementación del modelo diagramado fuera de las fronteras del país. Y llegó Carlos Saúl Menem con su propuesta de salariazo y revolución productiva, que se manifestó en la entrega del patrimonio nacional, la implementación del remate de los bienes del pueblo y, también, con la profundización del modelo neoliberal que sumió al país en la degradación absoluta, produjo miles de desocupados y se derogaron leyes sociales que habían sido el producto de la lucha del pueblo Argentino en pos de lograr la justicia social.

Esta estafa electoral puesta en marcha por Menem significó también la corrupción más desenfadada que contó, como no podía ser de otra manera, con la complicidad y silencio de la Corte Suprema de Justicia designada por el gobierno para convalidar los despropósitos más terribles que nos han llevado al deterioro económico y social actual y cuyas consecuencias aún no se han podido graduar, porque los efectos desvastadores aún se sufren.

Esa Corte Suprema de Justicia que fue objeto de repudio absoluto por la ciudadanía Argentina, y cuyo desplazamiento se logró gracias a la persistencia y tenacidad de quienes como la Federación Judicial Argentina, junto a Organismos de Derechos Humanos, la Central de Trabajadores Argentinos, también dictó fallos escandalosos que convirtieron en legítimo los delitos por el contrabando del oro, la falta de esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, la no profundización del contrabando de armas que llevó al gobierno a impulsar la voladura de un pueblo como Río Tercero, en Córdoba, donde inocentes argentinos pagaron con sus vidas la corrupción desenfrenada de Menem y su organización de delincuentes protegidos por la justicia a través de fallos que causan asombro.

La impunidad, la corrupción, la degradación del pueblo en su conjunto fueron la resultante de esta política de continuidad en el Poder Judicial de todo el país, con honrosas excepciones, como dijimos, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca con Cotter, Cañon y otros que no callaron su convicción de llevar adelante la investigación de tanto despropósito.

Y llegaron el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde el pueblo cansado de tanta agresión de parte del Gobierno, preocupado por dar respuestas a la deuda externa a través de mayores ajustes a la economía que ampliaban la brecha social, dijo: Basta.

Terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, que se fue dejando un tendal de muertos como nunca había ocurrido durante un gobierno constitucional y se puso en marcha la separación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que habían convalidado todos los actos de atropello gubernamental que llevó adelante tanto Menem como el gobierno de la Alianza, que porfiadamente continuó con los dictados de los centros financieros que llevaron a la quiebra a la economía nacional.

La consigna de "Que se vayan todos" puso en marcha la más formidable respuesta de un pueblo cansado de tanto horror y locura. El gobierno de De la Rúa se tuvo que ir, la Corte también y se puso en marcha la rebelión social más importante que aún subsiste, con una clara intención, terminar con la democracia formal que se convirtió en una ficción desde la recuperación democrática de 1983 hasta las postrimerías del año 2001, y logró torcer el brazo a gobernantes y jueces que apostaban a la degradación social del pueblo para imponer un modelo económico para muy pocos en perjuicio de las grandes mayorías sociales.

En definitiva hoy, a treinta años del golpe militar, la Justicia sigue siendo cómplice de tantas desgracias que debió soportar el pueblo Argentino. Ello es así porque, como es sabido, la impunidad reina en este país, los genocidas residen en sus lujosas residencias particulares mientras que más de cuatro mil luchadores sociales son llevados a los tribunales donde jueces afines a la dictadura y al modelo neoliberal, investigan y sancionan penalmente a quienes han determinado morir de pie antes de vivir de rodillas.

La Federación Judicial Argentina, a treinta años del genocidio puesto en marcha con la dictadura militar, y aún antes de esa fecha, levanta su voz con la serenidad y el compromiso que asumió hace largo tiempo.

Llegó el momento de poner en marcha nuestras reivindicaciones de justicia social y lograr en definitiva lo que el pueblo argentino ya dijo hace largo tiempo: Ni Olvido ni Perdón, Justicia para Todos.

Para lograrlo es evidente que no se alcanzará con el sometimiento del Poder Judicial a través de la manipulación del Consejo de la Magistratura y con la designación de jueces afines a la corrupción gubernamental en todos los estamentos que aún hoy, nos llevan a situaciones límites, como las que se viven a diario en toda la geografía del país, donde los jueces -cómplices en su absoluta mayoría de los gobiernos nacional y provincial- echan mantos de silencio a las denuncias de corrupción y latrocinio de los dineros públicos, mientras que se dedican a perseguir y encarcelar a los luchadores sociales.

Las Heras es un claro ejemplo de lo que no tiene que suceder con el Poder Judicial, puesto al servicio de empresas petroleras que lucran con los recursos naturales del país y utilizan a los jueces para perseguir a quienes reclaman legítimamente por el reconocimiento de sus derechos.

Ratificamos el compromiso, hoy más que nunca, de Verdad y Justicia para todos y participamos de todos los actos en memoria de quienes, en forma ejemplar, lucharon y perdieron la vida para que el país no se convirtiera en una colonia del imperio como ocurre actualmente.

El 24 de marzo es un día de resistencia y recuerdo, como así de compromiso militante, entonces, judiciales de todo el país, en los lugares más recónditos de nuestra geografía debemos estar exigiendo una Justicia, que ponga fin a nuestras postergaciones de todo tipo, por lo que los instamos a estar presentes en todo acto que tenga como fin recordar a nuestros compañeros desaparecidos, encarcelados y despedidos por lograr la verdadera liberación nacional.

BUENOS AIRES, 20 de marzo de 2006.

JORGE ALBERTO IZQUIERDO Secretario General de la FJA

VICTOR MENDIBIL Co-Secretario General de la FJA