Tanto el actual Consejo de la Magistratura como el que resultaría de la propuesta del gobierno nacional se caracterizan por canalizar la opinión corporativa de los partidos mayoritarios, impidiendo la verdadera participación de la comunidad en una temática tan sensible como es la elección y remoción de jueces, entre otras funciones reservadas a este organismo.

De esta manera el poder político reserva para sí, como una forma de afianzar su control sobre el Poder Judicial, una facultad que mereció el rechazo de la mayoría del pueblo por los jueces oportunamente designados.

Así, el gobierno parece olvidar los reclamos que a viva voz realizaran multitudinarias manifestaciones luego de la rebelión de diciembre de 2001 y que fueran planteados por la FJA desde 1993 y ratificados en todos los congresos nacionales de la CTA, intentando cimentar un Poder Judicial reticente a una apertura verdaderamente democrática.

Hubiera sido muy alentador que, por el contrario, se hubiera profundizado el camino abierto con el decreto presidencial 222 de 2002, por el cual se autolimitó la actuación del Presidente y los senadores al poner a consideración de la sociedad la idoneidad ética y técnica de los candidatos a jueces de la Corte Suprema y la Procuración.

Existen experiencias muy valiosas en nuestro país, producto de la iniciativa de la FJA y la CTA, que debieran tomarse como ejemplo. En el Consejo de la Magistratura de Chubut no hay representación ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, pero la ciudadanía elige democráticamente cinco representantes populares.

En el de Entre Ríos hay un solo representante del Poder Ejecutivo sobre un total de nueve consejeros. En el de Santa Cruz, creado cuando Kirchner era gobernador, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están en minoría, con dos representantes sobre siete, “para preservar la pluralidad, la idoneidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores, evitando hegemonías”.

La Justicia no es un tema de académicos o técnicos, sino el pilar fundamental de un Estado y una sociedad verdaderamente democráticos. Por ello son inconcebibles todos aquellos proyectos que tiendan a limitar o restringir el acceso del pueblo a su control directo.

A la actual democracia se la supera con más democracia. Sólo así construiremos una “Justicia para Todos”.

Víctor Mendibil Co-Secretario General de la FJA Secretario Gremial de la CTA Nacional.