Instaurada la transición democrática y abierto los primeros juicios por violación a los Derechos Humanos se concretaba así el juicio y condena a las juntas militares.

El 16 de marzo de 1998 como Central de Trabajadores de la Argentina, nos presentábamos ante el Juez de la Audiencia Nacional de España, Dr. Baltazar Garzón y allí denunciábamos formalmente los crímenes cometidos por la dictadura militar, pero también incluíamos a parte del empresariado local y sus socios de las multinacionales, que como José Alfredo Martínez de Hoz y Amalia Lacroze de Fortabat apoyaban y protagonizaban el golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976 donde esos empresarios participaron directamente en la violación de los Derechos Humanos, afirmábamos en Madrid, que existía un accionar coordinado entre las empresas y las fuerzas armadas para proceder a secuestrar y detener obreros, en particular, delegados y representantes de los trabajadores, es así que señalamos los casos concretos en Astilleros ASTARSA/MESTRINA, y en el de RIO SANTIAGO; en el INGENIO LEDESMA de Jujuy; en la FORD de Pacheco; en la MERCEDES BENZ; En ACINDAR de Villa Constitución; en DALMINE – SIDERCA.

Fue así, que ante la ausencia del estado de derecho se posibilitó todo tipo de atropello y de desconocimiento de los derechos de los trabajadores, en el plano específicamente laboral y por supuesto sindical, para ello hubo complicidad de jueces, periodistas, sindicalistas, entre otros integrantes de la sociedad civil.

Ha sido una larga historia de denuncias, de movilizaciones, de valentía de los testigos, de abundancia de pruebas, junto al incansable tesón de la mayoría de los argentinos por una justicia profunda y verdadera en torno al genocidio para sentar en el banquillo de los acusados a estos personajes y así derrotar a la Obediencia Debida, Punto Final y los Indultos.

La reactivación de lo juicios contra responsables militares, policiales y algunos de sus colaboradores civiles ha permitido en el curso del año sentencias ejemplares. No se trata de venganza. Nunca se trató de eso. Allí está el ejemplo de las Madres y de las Abuelas que nunca recurrieron a ese tipo de acción. Se trata de justicia en el más profundo de sus sentidos. Una justicia que no solo examine el pasado y saque a la luz una verdad histórica, una justicia que no solo condene a los responsables, una justicia que repare moralmente a las víctimas de la represión, sino que contribuya con su acción a fondo a modificar la sociedad argentina que aún sigue plagada de estos personajes, que se pasean todavía por la escena pública sin pudor, que exhiben sus riquezas manchadas de sangre y que intentan seguir lucrando como si nada hubiera pasado.

Este 2012 ha sido un año fecundo en sentencias judiciales condenatorias como la del Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata, en el caso Loma Negra por el secuestro del Dr. Carlos Alberto Moreno, como en Bahía Blanca, en el IV Cuerpo de Ejército; en la justicia de Mendoza, en Córdoba, en Goya-Corrientes, en Jujuy, donde no solamente se avanzó sobre los integrantes de las fuerzas armadas, sino sobre los Blaquier y los gerentes del Ingenio Ledesma; en San Martín, Pcia. de Buenos Aires: Causa Campo de Mayo; en la Pcia. de Santa Fe; en Posadas- Misiones; en Chubut: Causa La Masacre de Trelew; en La Rioja: Causa Los Mártires de Chamical, en Rosario, Neuquén, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, también en la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires, culminando junto a otras sentencias, la que hace 48 horas suscribiera el Tribunal presidido por el Dr. Carlos Rozansky, de la ciudad de La Plata, en la Causa denominada Circuito Camps, donde se encuadra el delito de genocidio y terrorismo de estado practicado por integrantes de las fuerzas armadas, por civiles, como algunos de los ministros de la época y se abrieron causas para investigar las responsabilidades de otros, incluido jueces, medios periodísticos e integrantes de la Iglesia Católica, que silenciaron la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Al finalizar este buen año en lo que se refiere a sentencias condenatorias de genocidas, vaya nuestro reconocimiento a los testigos víctimas del terrorismo de estado, a los abogados querellantes y a esa mayoría de nuestro pueblo que exige JUSTICIA PROFUNDA Y VERDADERA.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012.