No es creíble que estemos ante un enfrentamiento entre buenos y malos.

Todo apunta a que se trata de disputas de poder político y económico entre elites antiguas o en formación, que expresan los mismos intereses y sólo variantes del proyecto de país dependiente, gobernado por millonarios y socialmente injusto, que seguimos padeciendo, por culpa de su egoísmo, su corrupción y su vocación de clase superior.

No es creíble que invoquen la democracia, la libertad y los derechos humanos los que no respetaron ni respetan la voluntad y la libertad de expresión de los trabajadores que queremos un país soberano y justo, que termine con la explotación del trabajo y la pobreza que da de comer a los ricos.

No es creíble que los gobernantes, jueces y empresarios que persiguen, prohíben y niegan la libertad sindical, hasta en la misma Justicia -como lo hacen las Cortes, su Junta Federal de Superiores Tribunales y tantos otros magistrados- invoquen su independencia, la libertad y los derechos humanos.

Los trabajadores judiciales reclamamos que todos los que ahora dicen enfrentarse invocando los valores supremos dejen de manipular los nombramientos judiciales y de apañar a los malos jueces, acepten la participación popular en la selección de los magistrados y en la construcción de un Poder Judicial al servicio del pueblo y no de los poderosos nacionales o extranjeros.

Reclamamos que se aplique sin trampas la Ley de Medios, para que el pueblo y los que lo integramos podamos hacernos oír, acabar con las mentiras y con los encaramados en el poder sin intención de gobernar fiel y desinteresadamente.

Asimismo, es fundamental que la democratización de la justicia sea un proceso amplio y profundo, que no esté destinado a atender la agenda de los intereses del gobierno o las corporaciones, sino los del pueblo.

Las escandalosas investigaciones y sentencia en el caso de Marita Verón son ejemplos de gobiernos y justicia corruptos y cómplices de las peores mafias que asolan al país. Sabemos que la lista de casos a enunciar en los que se verifica este problema sería para escribir varios tomos.

Mencionamos el de la trata de blancas por ser el más reciente y notorio, pero ese inventario completo demostraría la enorme dimensión del oprobio nacional.

Desde los años ’90, la Federación Judicial Argentina (FJA) ha propuesto y apoyado proyectos y contribuido a lograr que funcionen en Chubut y Entre Ríos, como también parcialmente en Santa Cruz, consejos de la magistratura que avanzan en el camino de la democratización con amplia participación y control popular incluyendo a las organizaciones sociales que acreditan larga trayectoria de lucha para cambiar esa historia. Todo ello acompañado por la transparencia, la modificación de los planes de estudio de las facultades de derecho para despertar o afianzar vocación por trabajar por la Justicia y no apetito por cargos y jubilaciones estables y bien remunerados, la fijación de incompatibilidades para prescindir de los jueces sumisos, venales, que aceptan la tortura, informantes de las dictaduras o de los servicios de espionaje, patrocinantes de intereses monopólicos, extranjeros o antinacionales.

Es hora de que actuemos, en particular, quienes tienen las responsabilidades institucionales para hacerlo, pero sin soberbia, dobleces o medidas efectistas y secundarias, a partir de la premisa histórica y actual de que ha fracasado rotundamente el sistema de designar, monitorear y cesar jueces mediatizado por los mismos poderes políticos que deben someterse al control judicial, en alianza o no con las corporaciones “letradas”, jueces nombrados por ese mismo sistema caduco y abogados que no pueden disimular su partidismo.

Es inconstitucional, violatorio del derecho humano a la Justicia Imparcial e Independiente del que todos debemos gozar en concreto y potencialmente persistir en cualquier variante de ese sistema que conduce a rebajar al Poder Judicial a una mera agencia de gobierno. La soberanía popular es la fuente del poder democrático, pero también, y fundamentalmente, se expresa en la Constitución Nacional , en los tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos aceptado y en la participación directa e informada del pueblo en los asuntos públicos.

Estas ideas y la que ensanchen el debate abierto en la comunidad pueden ser las bases de una convocatoria urgente pero todo lo prolongada que fuere necesario para alcanzar objetivos que, una vez mas, pueden demostrar que en nuestro pueblo existe capacidad y vocación por afianza una verdadera democracia política, económica y social.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012

Carlos Ordoñez - Secretario General

Víctor Mendibil - Co-Secretario General

José Luis Ronconi - Secretario Adjunto

Matías Fachal - Secretario Prensa y Difusión