Allá por 1965 un grupo de calificados y comprometidos juristas, como los Dres. Cortina y Ozafrain, entre otros, instalaron el debate sobre la creación de un organismo de investigación judicial basados en criterios de especialización y profesionalización, que debía incorporarse al futuro código de procedimiento penal La dictadura de Onganía y todos los procesos posteriores postergaron su implementación, la AJB no abandonó esa bandera que aseguraba un importante cambio en la formas de investigar. En 1994 los trabajadores judiciales nos movilizamos a la Convención Constituyente provincial que funcionaba en el Pasaje dardo Rocha de la ciudad de La Plata, donde entre otras reivindicaciones planteamos la incorporación de los derechos sociales consagrados en el 14 bis, los Consejos de la Magistratura integrados con participación popular y la creación de la Policía Judicial, fue así que se logro que el art. 166 consagrara el mandato constituyente de instalar un paradigma democrático respetuoso de los derechos humanos.

La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires retomó la iniciativa y elaboró un proyecto realizado con el valioso aporte de referentes del ámbito académico, judicial, sindical, político, organismos de derechos humanos y colegios profesionales que se denomino “Convergencia para la Democratización de la Justicia”, sorteando las dificultades propias de la construcción de consensos y las resistencias corporativas.

Este organismo que se creó fue pensado como forma de limitar la intervención policial en la investigación judicial y, recortar atribuciones de la policía bonaerense que propiciaban la arbitrariedad, ineficiencia y corrupción en la tramitación de causas penales.

Considero que si las peripecias, que ha debido superar la regulación del instituto han sido múltiples y prolongadas por décadas, no debe confiarse en que los intereses y las posiciones políticas que hicieron oposición cerrada al cambio, apostarán a favor de este y no a su fracaso por mostrarse ineficaz o por la cooptación por parte de sus detractores.

La sanción de la ley es un primer paso importante que deberá completarse con una instancia de implementación basada en criterios racionales, evitando la tendencia al simple agregado de recursos existentes y al ahogo presupuestario como forma de frustración silenciosa.

En consecuencia y ha sabiendas de que será necesario un constante seguimiento por las organizaciones sociales para que la Policía Judicial llegue a ser merecedora de la aprobación, el apoyo y el respeto popular es razonable hacer todos los esfuerzos para que el texto de la propia ley no oponga obstáculos en ese sentido, es por ello que en el futuro podremos impulsar cambios que garanticen por ejemplo, que la Policía Judicial cumpla sus funciones preservando los derechos y las garantías laborales y gremiales de los factores humanos que la integrarán.

Finalmente, destaco el enorme esfuerzo, la capacidad y la convicción demostrado por los profesionales y trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria en la construcción de un emprendimiento de tal magnitud y trascendencia, en el cambio, en la formas de investigar por parte del Poder Judicial único camino para restablecer la seguridad jurídica afectada por el delito, derrotando a importantes sectores sociales que denuncian a la justicia como un estorbo incompatible entre los valores seguridad y justicia.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012