Si los cambios de la “ley corta” de riesgos del trabajo, que afecta los intereses de los trabajadores, eliminando la doble vía (indemnización por accidente o enfermedad, más acción judicial resarcitoria) significa una señal favorable a los empresarios; los cambios en el mercado de capitales sugieren mayor participación estatal en el financiamiento del capitalismo en el país. En el análisis de la noticia o de la política puede pensarse en algo así como una medida a favor del mercado, y otra de orientación pro estatal.

El mercado de capitales y la acumulación capitalista

Debe recordarse para el caso cuál era el objetivo del régimen legal de 1968, imposible de disociar respecto del propósito sustentado por la dictadura del General Onganía desde el golpe de 1966.

La finalidad de la política económica estaba orientada a modificar sustancialmente el patrón de acumulación derivado de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) promovida desde los años ’30.

Ese propósito de modificación del orden económico social fue demorado una década como consecuencia de la resistencia de los trabajadores, dos rosariazos mediados por el Cordobazo en 1969, y variadas puebladas que se sucedieron en esos tiempos y habilitaron la corta experiencia por la liberación nacional y social contra la dependencia capitalista durante 1973, y que culminó con el rodrigazo a mediados de 1975 y el terrorismo de Estado desde marzo de 1976.

El objetivo de reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad del golpe del ’66 recién fue realidad una década después, con Martínez de Hoz y sus colaboradores inspirados en la escuela monetarista de la Universidad de Chicago en EEUU. Sus consecuencias aún se hacen sentir en nuestros días, entre otras cuestiones con la institucionalización de la legislación financiera y el régimen de inversiones externas, instrumentos legales asociados al desarrollo del mercado de capitales y la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial.

La función del mercado de capitales apunta a generar las mejores condiciones para la captación de recursos por el sector empresarial de la economía. Además del sector bancario, que oscilaba entre nacionalizaciones (1946 y 1963) y desnacionalizaciones (1955 y 1966) de los depósitos, se buscaba en 1968 estimular la tradicional actividad bursátil.

Una actualización importante y relativa al mercado de capitales se produjo en 1994, con la reforma previsional. Eran tiempo de la ofensiva neoliberal, del capital contra el trabajo. Eran los tiempos en que el equipo de la dictadura genocida destacaba la labor del gobierno constitucional en los ’90. El motivo esgrimido por Cavallo y Menem apuntaba a que sean los trabajadores con sus aportes y retenciones los que generaran una masa de financiamiento para la promoción de la iniciativa privada.

Así surgieron las AFJP, que no tuvieron el monopolio de la actividad por imperio de la lucha de trabajadores activos y pasivos, quienes arrancaron la convivencia del sistema de reparto con el régimen privado de capitalización. Este fue estatizado en 2009, en plena crisis de bolsas y bancos en el mundo.

Vale mencionar que aún con la estatización, esos fondos previsionales aportados por los trabajadores son utilizados para estimular el mercado de capitales en la Argentina. Se estima que un 14% de los fondos previsionales están orientados en el financiamiento del sector productivo privado.

Los cambios que se vienen

Ahora se anuncian cambios que apuntan a mayor participación del Estado en el contralor de las actividades asociados al mercado de valores. Es una iniciativa convergente con similar accionar en el sistema mundial luego de la crisis iniciada entre 2007 y 2008, la que afectó la valorización de títulos y acciones en el sistema capitalista.

En el sistema capitalista, especialmente entre los países más desarrollados, se impone la creciente intervención estatal para estimular el nivel de actividad económica, que se encuentra menguado por impacto de la crisis mundial.

Los anuncios del poder ejecutivo apuntan en el sentido de ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y restringir los “beneficios” fiscales y de contralor en manos de la Bolsa.

La respuesta de disconformidad de los “mercados” se hizo notar con tendencias a la baja de las cotizaciones y con sospechas sobre la afectación del “libre mercado” que resulta de la intervención pública, como si fuera posible la libertad de mercado en condiciones de monopolio y transnacionalización de la economía.

Los anuncios sugieren modificar la auto regulación vigente en el mercado de valores; la regulación estatal y el fin del secreto bursátil; la ampliación de los operadores que puedan actuar como “agentes de bolsa”, hasta ahora concentrados en muy pocos representantes con una millonaria inversión; y el cambio del carácter jurídico de la Bolsa de Comercio que pasaría a constituirse como una sociedad anónima y perdería así las exenciones impositivas vigentes por su calidad de entidad sin fin de lucro.

Todo ello está acompañado por nuevas regulaciones en el mercado del seguro. Se promueve la formación de un Fondo para inversiones productivas y de infraestructura que surge de orientar un 10% de los fondos administrados por las compañías de seguros, sea por las ART (entre 5 y 20% del total de sus carteras de seguros), los seguros de vida y retiro (entre el 12 y el 30% de las respectivas carteras), o los seguros generales y el reaseguro (entre el 10 y el 20% de cada cartera).

La expectativa apunta a consolidar hacia mediados del 2013 un valor del orden de los 7.000 millones de pesos para destinarlos a proyectos productivos y de infraestructura, elegibles por una comisión de funcionarios del poder ejecutivo.

Estas medidas intentan incidir sobre el nivel de actividad económica, y continúan el rumbo de utilización de los fondos previsionales administrados por el ANSES. Existen inversiones productivas de los fondos previsionales por unos 30.000 millones de pesos, sobre un total de 215.000 millones de pesos. En el mismo sentido actúa la obligación a los bancos para destinar un 5% de los depósitos para préstamos a pequeñas y medianas industrias. La idea es completar la presión sobre las aseguradoras para destinar una décima parte de unos 70.000 millones de pesos que existen en seguros, los que intentan valorizarse invirtiendo en títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, acciones y ahora en proyectos productivos e infraestructura.

Son anuncios para mantener en actividad y con crecimiento al régimen capitalista de producción en el país, el que se encuentra afectado en la coyuntura por la desaceleración del presente año.

Por ello, más allá del sentido de los cambios y los temores que genera entre especuladores e impunes inversores asociados a la evasión y elusión impositiva, los interrogantes de las medidas anticipadas remiten a qué tipo de producción es la que se debe promover, realizada por quiénes y con qué fin. Es algo que no debe quedar librado a las fuerzas del mercado, aún con mayor regulación estatal.

Julio Gambina

Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)