En la azotea del edificio -agrega la denuncia- se habían dispuesto cámaras de televisión para filmar los incidentes, y así luego contar con material para la causa judicial que tiene el fiscal Bringas, quien además negó la libertad a los detenidos que habían pedido nuestros abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore.

El Administrador General, Gustavo Porcel de Peralta, hizo caso omiso cuando la secretaria general, Irina Santesteban, le informó de la detención de los compañeros Moyano y Roldán, y luego se supo que estuvo siempre comunicado con el responsable del operativo policial, comisario Frías, a través de un handy.

A pesar de esta evidente complicidad –advierte el gremio-, el Tribunal Superior de Justicia tuvo una actitud hipócrita, cuando el día viernes colgó un comunicado institucional en la página oficial del Poder Judicial en Internet, mediante el cual instan a los actores sociales e institucionales a "reflexionar sobre los sucedido" y recordando que "las controversias deben resolverse pacíficamente, por los carriles legales y con el debido respeto por los derechos y libertades de todos los habitantes de Córdoba".

Justamente este TSJ, que ha inundado el edificio de policías, que impide al Gremio hacer asambleas en el palacio de Tribunales I, que cesantea a compañeros con fueros sindicales, entre otras muchas violaciones a los derechos de los trabajadores, pretende hacer "reflexionar" a los trabajadores sobre lo sucedido, dice la AGEPJ.

No otra cosa que hipocresía es hablar de resolver "pacíficamente" las controversias, cuando fue cómplice de la represión, y nada dice su comunicado ni siquiera de la detención de los dos compañeros judiciales, que fueron brutalmente tratados por personal del grupo ETERr de la policía y llevados a la alcaidía de Tribunales. Las cámaras de los noticieros y la foto que ilustra esta nota, dan cuenta de esa detención, cuando nuestros compañeros estaban en una actitud solidaria, ayudando a una maestra que había quedado en el medio de la represión policial.

El compañero Sergio Roldán sufrió la fractura de su brazo izquierdo, y salió de su detención en la UCA (ex Encausados) con ese brazo enyesado, cuando de las fotografías y filmaciones, queda claro que cuando fue detenido estaba en buenas condiciones físicas.

Por ello, el 27 de agosto la AGEPJ presentó una denuncia en Tribunales II, en la fiscalía del Dr. Bringas, por los tormentos aplicados a ambos compañeros, cuando ya habían sido detenidos y nunca ofrecieron ninguna resistencia. Sin embargo, este fiscal los imputó de "agresión" y "lesiones". Si el agredido fue el compañero Roldán, ¿por qué el fiscal no imputó todavía a los efectivos del ETER por las lesiones sufridas por nuestros compañeros?, se pregunta la denuncia.

La Secretaria General de la AGEPJ, compañera Irina Santesteban, pidió el mismo jueves 23, la renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, por ser el responsable de la represión que desató la Policía en contra de los manifestantes en los Tribunales. El titular del Ministerio de Seguridad, Alejo Paredes, fue el Jefe de Policía de Córdoba durante los mandatos de los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

Entre sus antecedentes, figura haber sido uno de los más estrechos colaboradores del ex comisario Carlos "el Tucán chico" Yanicelli, hoy condenado por torturador del D-2 durante la dictadura militar. Cursos en el FBI y el Mossad israelí, son también algunos de los pergaminos con que cuenta este funcionario.

Sus políticas de seguridad siguen las enseñanzas del Instituto Manhattan y del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, con la "tolerancia cero", que calificaban a los jóvenes limpiavidrios de la ciudad, como los nuevos "terroristas urbanos". Irina Santesteban pidió también la renuncia del comisario Ramón Frías.

Desde la sanción de la ley 10.078, que impulsó el gobernador José Manuel de la Sota, el pasado 8 de agosto, en horas de la noche y con la Legislatura vallada, la AGEPJ viene impulsando movilizaciones para repudiar dicha ley, en conjunto con los demás gremios estatales ya que establece un ajuste a las jubilaciones y perjudica tanto a los jubilados como a los trabajadores en actividad.