Es claro que dicha situación de negación de derecho constituye una grave violación a la libertad sindical y un atropello a todos los trabajadores judiciales.
Transcurrido casi dos meses de dicha recomendación de la OIT, el Estado Argentino no ha dado un solo paso en el sentido de garantizar la vigencia de los derechos reclamados, lo que agrava aún más la situación que oportunamente se denunciara.
Instamos pues a dar efectivo cumplimiento a la misma y nos solidarizamos con los compañeros argentinos que bregan por su efectivización, así como aseguramos nuestro respaldo a toda iniciativa que, en el marco de los convenios internacionales que garantizan esos derechos, amplíen la denuncia ante los organismos internacionales, especialmente la Organización Internacional del Trabajo.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012