El funcionario nos reconvino diciendo “Eso es pensar que el sistema solidario que reconquistó este gobierno sigue siendo ese sistema mezquino, egoísta y privatizado, que decía que los aportes de una persona eran sólo para esa persona, cuando ese sistema no funcionó porque las inversiones financieras que realizaron las AFJP fueron ruinosas. No hay autoridad moral para esto, pero además es mentira”. [1]

Lo decimos al funcionario que no tiene razón y que nos asiste toda la “autoridad moral” por ser los trabajadores los que aportamos al régimen previsional; por ser los activos y los pasivos los que nos opusimos desde el primer momento a la privatización de los fondos de jubilación que instaló el menemismo en los 90´ con el apoyo de la burocracia sindical y política, que no recuerda. La Marcha de las Antorchas, el Millón de Firmas, La Marcha Federal, La Marcha Grande, los paros de la CTA y la épica lucha de los jubilados, todos los miércoles frente al Congreso.

Es cierto que el poder ejecutivo tuvo la voluntad de la estatización en plena crisis durante el 2009, así fue que la saludamos cuando operaba la desvalorización financiera de los títulos, y los bancos nada hicieron para impedir el traspaso de la gestión privada a pública de los millonarios fondos previsionales. Los bancos se sacaron de encima una “papa caliente” y por eso la estatización de las AFJP no impidió la enorme rentabilidad de los bancos en estos años, según reconoce el propio BCRA. Recuperar los fondos era y es una consigna central del movimiento de jubilados y de la CTA. Digo que aún lo es porque los fondos deben ser administrados por los trabajadores, claro que con control público, pero con los trabajadores definiendo y participando en la gestión de los fondos previsionales.

Los dichos del economista funcionario se hicieron el 21 de Julio, en oportunidad del sorteo de los préstamos para vivienda única del Pro.Cre.Ar. Nosotros dijimos que es correcto hacer política económica para favorecer a los sectores populares, pero con fondos del presupuesto, no con fondos previsionales. No oponemos el pago de jubilaciones adecuadas según demanda el movimiento de jubilados con política social, entre otras de vivienda para otros sectores necesitados, pero no con fondos de los jubilados.

Es común en el discurso oficial condenar al neoliberalismo y a sus exponentes, ejercicio donde se instalan falsas dicotomías. El gobierno sería lo opuesto a los reaccionarios neoliberales. Solo el gobierno contra los neoliberales. En el imaginario kirchnerista no existe otro análisis posible. Se equivocan, también está la vos de los trabajadores, que en la CTA, o en la Mesa Coordinadora de Jubilados denunciamos el uso de los fondos previsionales para sostener un política económica favorable a la acumulación capitalista, aunque una parte sea política social contenedora del conflicto social.

Lo cierto es que está el gobierno y su discurso; la oposición de derecha, abiertamente neoliberal, y un amplio abanico de izquierda, crítico de la realidad capitalista que empuja el gobierno y las clases dominantes, sea la sojización, la mega minería a cielo abierto, o la extranjerización de una producción que en la industria actúa cada vez más como una armaduría.

El plan Pro.Cre.Ar y el papel del Anses es un claro ejemplo de lo que afirmamos. No hay dicotomía entre pagar a los jubilados lo que les corresponde y ejecutar los planes de vivienda.

Como el viceministro sabe, y los así denominados economistas heterodoxos siempre le recuerdan a sus adversarios neoclásicos o neoliberales, es un error homologar las finanzas públicas con las de una familia o una persona. Entre otras cosas porque, a diferencia de las familias o los individuos, los Estados pueden hacer política monetaria (pueden emitir moneda) para financiar sus déficits presupuestarios, y esta emisión y estos déficits, si son bien administrados, pueden impulsar una situación de crecimiento que, a la larga, aumenta la propia recaudación tributaria. Es el argumento preferido del gobierno para diferenciarse del ajuste europeo. Son las lecciones que Cristina Fernández les propina a sus socios en el G20.

Es decir, así como no es cierto que el Estado sea un mero administrador de los fondos de los jubilados, cuya tarea sea guardarlos en cajas individuales para devolverlos cuando los mismos dejen de trabajar, tampoco es cierto que la construcción de viviendas justifique que los jubilados deban cobrar una miseria. Tampoco se puede justificar que cobren una miseria por el hecho de que, efectivamente, se haya incorporado al sistema a muchos jubilados que no cumplían con los requisitos en términos de aportes.

Lo que está en discusión es la estrategia tributaria que, en el marco de un proyecto económico más amplio, ha venido desarrollando el Poder Ejecutivo. Si el IVA y el impuesto a las ganancias explicaban casi el 50% de los ingresos tributarios totales, y sumamos el 13% proveniente de las retenciones (en 2001, los impuestos provenientes del comercio exterior no llegaban al 4% del total), entenderemos porqué nosotros sostenemos que la estrategia del gobierno consiste en financiar un novedoso gasto público [2], que incluye la instrumentación de políticas sociales masivas, sin la necesidad, por ejemplo, de dejar de pagar los enormes costos de la deuda pública externa, ni reestructurar el regresivo régimen impositivo.

Los funcionarios del gobierno se esfuerzan en mostrar que efectivamente el gasto público ha crecido sustancialmente en relación a los ´90, y que hay una gasto social que antes no existía, pero ocultan que, no sólo hay otras formas de financiar e incrementar este mismo gasto social, sino que, por otra parte, este gasto se ha construido sobre la base de un mínimo conflicto con las mismas grandes corporaciones productivas de antaño y que acumulan enormes ganancias.

Es interesante ver cómo la presidenta señala que, una vez llegado al famoso “fifty-fifty”, es necesario redistribuir el 50% que obtienen los trabajadores, porque allí “también hay injusticias distributivas”. Esto es lo que justificaría que cada vez más trabajadores paguen impuestos a las ganancias, pese a no alcanzar los $6500 pesos de salario bruto. Lo que no dice, es que los asalariados son el 85% de la población ocupada, y que hay una enorme cantidad de actividades productivas y especulativas que hoy en día tienen una mínima presión tributaria, como la actividad minera, o parte importante de la actividad financiera.

Lo que se sostiene hoy, en pocas palabras, es una redistribución entre los que menos tienen. En los últimos 4 años se ha multiplicado en casi 4 veces el número de trabajadores que pagan la mínima categoría de ganancias. Efectivamente, es mucho más fácil cobrarle a un asalariado en blanco que gana poco, que diseñar herramientas tributarias novedosas que efectivamente hagan tributar a los que más recursos tienen. ¡El viceministro no tiene razón! Pretende colocarnos en el lugar de la reacción y negar argumentos por fuera del oficialismo.

La realidad es que existen jubilaciones de miseria. Hemos reiterado hasta el cansancio que más del 70% de los 6 millones de jubilados nacionales perciben la mínima y que se registran miles de reclamos administrativos todo los meses ante la ANSES. Las demandas judiciales acumuladas por ajuste previsional son más de 500.000 casos, que motivó reclamos de la Corte Suprema al poder ejecutivo, para conocer detalles de esos pedidos y el plan de cancelación de sentencias firmes cuya cancelación se demora indefinidamente y ya suma más de 350.000.

Puede ser que Kicillof, en lo personal, no apueste a un ingreso jubilatorio en el futuro, pero para nosotros los trabajadores, la jubilación es el reaseguro de vida en nuestros últimos años. Nosotros queremos decirle al funcionario que existen otros argumentos, que no solo tiene que pensarse en políticas para activar la economía capitalista. Que se puede pensar en satisfacer las necesidades populares con otra orientación de política económica y social.

Por eso construimos el movimiento de jubilados y la CTA, para construir poder popular e ir más allá del posibilismo que solo atina a ser furgón de cola del gobierno, algo que ahora intentan con el viejo modelo sindical empresarial de las privatizaciones menemistas. No es tanto que el funcionario nos ofende y subestima. El problema es que los trabajadores somos los creadores de la riqueza y tenemos derecho a opinar, a criticar y a proponer una gestión propia sobre la riqueza socialmente generada.

Buenos Aires, 31 de julio de 2012.

Víctor Mendibil - Secretario General de la Federación Judicial Argentina

NOTAS:

[1] “Es un cacareo sin sentido”, Página/12, 21/07/2012

[2] La realidad es que la relación entre el precio de los productos que exporta la argentina y los que importa, encontraremos que la coyuntura era en 2010 un 45% más favorable para nuestro país de lo que lo había sido en la década anterior, y un 65% mejor de los que había sido en los ´80. En coyunturas similares, la gran mayoría de los países del cono sur latinoamericano han instrumentado esquemas similares de gasto social en términos de PBI (por ejemplo, en Ecuador el Bono de Desarrollo Humano es el equivalente al 1,17 del producto, o en México, el plan oportunidades equivale al 0,51 del mismo).