Mientras tanto, a los empleados ese mismo mes nos pagarán el último y modesto 6,25% del aumento que, sin negociación, nos impuso el TSJ, cumpliendo las directivas del gobierno provincial, y demostrando muy poca independencia a la hora de la fijación de los salarios de los que trabajamos en la Justicia.

Sin convenio colectivo ni estatuto, sin carrera judicial, con pésimas condiciones laborales, sin reconocimiento de la Insalubridad en Policía Judicial, la realidad se presenta muy dura para los empleados judiciales. Esta decisión tendrá un costo muy alto para el gobierno provincial, porque mientras el gobernador De la Sota dijo en su discurso de apertura de las sesiones en la Legislatura, que las finanzas provinciales estaban “escasas", se le garantiza a un sector (y no precisamente el que lo está pasando peor), una ley que va a llevar sus remuneraciones a un nivel muy por encima de lo que perciben otros poderes (incluso legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo).

Los jueces no pagan el impuesto a las Ganancias, tienen garantizado un sistema jubilatorio especial, y se les devuelve casi la mitad del aporte del 22 por ciento que realizan a la Caja de Jubilaciones. Los empleados, en cambio, tenemos sueldos muy por debajo del nivel de remuneraciones de los jueces, al punto que más de la mitad tiene salarios por debajo de los 6.000 pesos, que hoy no alcanzan para que una familia viva dignamente; pagamos el impuesto a las Ganancias; aportamos el 18 por ciento a la Caja y no se nos devuelve nada (al contrario, el gobierno se apropió del Fondo Compensador que se había conformado con el 7% del aporte de más que hacemos los trabajadores activos cordobeses). Por ello, volvemos a la consigna con la que inauguramos 2012:: SI HAY EQUIPARACIÓN PARA LOS JUECES DEBE HABER PORCENTUALIDAD PARA LOS EMPLEADOS. ¡SÓLO ASÍ, HABRÁ JUSTICIA!

En tanto, el 24 de julio, los compañeros de la Comisión Directiva de AGEPJ nos hicimos presentes en la Legislatura, convocados por la Comisión de Legislación Laboral, para compartir una reunión con legisladores provinciales y nacionales, así como el Secretario de Previsión Social, licenciado Osvaldo Giordano, y el resto de los gremios estatales provinciales.

La audiencia pública fue abierta por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincial, Dr. Oscar González, quien informó sobre la situación planteada por la falta de envío de fondos para financiar el sistema previsional, por parte de la ANSeS, a los que se había comprometido luego de la firma del convenio de armonización de diciembre de 2009. González dijo tres cosas importantes: 1) Que no iba a haber nuevos recortes jubilatorios; 2) Que se iba a respetar el 82%; y 3) Que no se iba a prorrogar la Emergencia Previsional que culmina el próximo 31 de julio.

Si bien esos anuncios son importantes, desde los Gremios se dejó claro que los trabajadores no queremos seguir siendo la variable de ajuste de un sistema que si está hoy desfinanciado es responsabilidad de quienes han conducido la Caja de Jubilaciones en los últimos años, y que a los trabajadores se nos priva de nuestro derecho de participar de la conducción de la misma, por eso pedimos la normalización de la Caja, tal como lo dispone su Carta Orgánica, para que podamos participar de su Directorio, tanto los trabajadores activos como los pasivos.

Hacemos presente que tanto el TSJ como los jueces y funcionarios, tienen un régimen previsional especial por el cual se jubilan a los 60 años (para el resto de los empleados las edades jubilatorias son de 60 años para las mujeres y 65 para los varones). Y en cuanto al haber jubilatorio, los jueces sí perciben el 82% de las remuneraciones de un juez en actividad.

Fuente: Boletín de la AGEPJ