En una declaración firmada por Ana Albertengo y Daniel Edgardo Antón, Secretaria General Adjunta y Secretario General, respectivamente, se insiste que toda adecuación salarial debe darse aplicando la Ley Porcentual 2895, que permite una equidad en la distribución de los ingresos, rechazando de plano cualquier intento que se contraponga con su contenido.

Agregan que es imprescindible la puesta en marcha de las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito judicial, tal lo prescribe la Constitución y el reciente dictamen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar no sólo el aspecto salarial, sino todo lo atinente a los deberes y derechos de los trabajadores.

La Asociación denuncia asimismo que el gremio asiste a la indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas a los trabajadores, cuyos ingresos son depreciados aceleradamente por la constante inflación. Queremos alertar a la sociedad –agrega-, que si no se concretara los justos pedidos, seguramente las medidas se irán profundizando hasta llegar a la paralización total del servicio de justicia en la provincia.