La aberrante práctica provocó una ola de repudio en todo el país y a raíz de eso hay seis policías detenidos, circunstancia que celebramos pero que de ninguna manera cierra el problema.
En medio de indudables avances en derechos humanos en Argentina, subsisten en nuestro país, en numerosas provincias y también en la ciudad de Buenos Aires, prácticas represivas por parte de las diferentes policías. Desde las conocidas en Salta y Mendoza, hasta las torturas y muertes de presos en la provincia de Buenos Aires, el “gatillo fácil” policial en Río Negro, Formosa y Jujuy; las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga (Buenos Aires) y Facundo Rivera (Córdoba).
Esto significa, a nuestro juicio, que la depuración y democratización de la policía y servicios penitenciarios están lejos de haber llegado al punto aceptable para una democracia. Y lamentablemente, en muchos casos, en vez de avanzar en esa dirección, se retrocede al compás de los reclamos de “mano dura”, “inseguridad”, etc. Hay gobernadores como Daniel Scioli y José Manuel de la Sota que han hecho punta en esa línea no democrática de apoyarse en policías represivas y propiciar reformas también represivas de los Códigos de Faltas.
A su vez la FJA también deplora la conducta del gobierno de Catamarca, donde una de sus juezas, sus fuerzas policiales y las patotas pro-mineras al servicio de Bajo La Alumbrera , atacaron a los pobladores y ambientalistas que acampaban en Cerro Negro. Los golpes y amenazas de desalojo violento tuvieron por objeto dejar pasar camiones con explosivos para ese emprendimiento megaminero, que explotan las compañías extranjeras Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold. La Policía de la gobernadora Lucía Corpacci Saadi obligó a parte de los acampantes a subir a un colectivo y los condujo por la fuerza fuera de la provincia de Catamarca, “deportados” a Córdoba.
Las torturas que condenamos en Salta tienen su origen en la herencia de la dictadura y la fea costumbre, casi ley policial, de caer siempre sobre los débiles y pobres. La represión en Catamarca, que ya llegan a media docena, reconoce que las multinacionales y la megaminería son las madrinas de esa represión antipopular. Contaminan el ambiente, roban nuestras riquezas y muelen a palos a quienes denuncian el saqueo.
IRINA SANTESTEBAN - Secretaria de DD HH FJA
VÍCTOR MENDIBIL - Secretario Gral de FJA