El denominador común es la violencia institucional y la impunidad.

Hace casi treinta años que está vigente en la Argentina el sistema constitucional. Sin embargo la tortura en comisarías y cárceles siguen siendo habituales y casi “normales”.

A estos casos debemos agregar la operatoria por la que policías mandan a detenidos a robar incluso chicos como lo ha denunciado el juez Luis Arias de La Plata. Algunos obedecen y pueden contarlo. Otros, como Luciano Arruga en La Matanza, se niegan y lo pagan con su vida. Recordemos que Arruga está desaparecido desde enero de 2009.

Cuando ocurren estos hechos se renueva la discusión sobre de qué hablamos cuando hablamos de Derechos humanos.

Desde algunos sectores se circunscribe su tratamiento a los juicios de lesa humanidad y particularmente al período 24 de marzo de 1976 y 10 de diciembre de 1983.

Estamos de acuerdo en reconstruir la memoria que permita el juzgamiento de la TOTALIDAD de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de los civiles, entre ellos muchos empresarios, responsables del genocidio ocurrido en nuestro país.

La CTA ha trabajado decididamente para hacerlo posible y hoy lo sigue haciendo porque es nuestro compromiso como clase trabajadora.

Sin embargo entendemos que los derechos humanos deben ser interpretados en su más amplia acepción. Por lo tanto la lucha por la vigencia de tales derechos sigue en la actualidad a través de la defensa de las libertades individuales y colectivas, el medio ambiente, en definitiva, nuestra dignidad como personas y como pueblo.

Los casos de torturas, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, etc. son ejemplos de la sistemática violación de los derechos humanos con el agravante que son cometidas por representantes del Estado.

En la provincia de Buenos Aires el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria cuyo responsable es el Dr. Roberto Cipriano presenta anualmente su Informe donde se detallan la infinidad de casos de torturas llevadas a cabo por personal policial y penitenciario bonaerense.

Este Informe es lapidario y demuestra claramente uno de los elementos centrales del accionar represivo: la impunidad.

En este punto se torna inevitable determinar la responsabilidad del Estado para que tal estado de cosas se siga produciendo.

Por lo tanto resulta indudable que la lucha por los derechos humanos no puede limitarse al juzgamiento de unos cientos de represores junto a un puñadito de civiles y empresarios sino que debe tener su continuidad con lo que ocurre en la actualidad.

No aceptamos la “vista gorda” que se hace tanto desde el Gobierno nacional como desde los provinciales sobre las prácticas denunciadas. Sólo miserables razones políticas explican tantos silencios y complicidades.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina exigimos a los gobiernos provinciales de Salta y Neuquén las renuncias inmediatas de los responsables políticos y el procesamiento de los autores materiales e intelectuales de los hechos denunciados.

Asimismo exigimos al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales arbitren todos los medios necesarios que garanticen la eliminación de la tortura en cualquiera de sus manifestaciones por parte del Estado y en particular la aprobación e implementación de los Mecanismos de Prevención de la Tortura.