El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad bonaerense de Mar del Plata acaba de sentenciar a tres militares y dos civiles por la muerte de un abogado laboralista en Tandil. Lo más importante del caso es que ordenó abrir una investigación a la cementera Loma Negra por “plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio habrían inducido los delitos”.

Este fallo más la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat actualizó el tema de su temprana vinculación con la última dictadura, e indirectamente el de los vínculos de vastos sectores del empresariado local con ese régimen y el genocidio.

En el caso de Fortabat, esos vínculos no sólo se limitaron a los negocios (fue sintomático que, luego de la muerte de su marido, en 1976, la flamante viuda triplicó la fortuna heredada gracias a los contratos entre Loma Negra y el Estado; ya en 1980 la revista Forbes la colocaba entre las mujeres más ricas del mundo), sino que se extendió a una sintonía ideológica de la que no era ajena la fundamentación misma de la matanza que se llevó a cabo por aquellos años. (Ver informe Comisión por la Memoria en la causa caratulada “Tomassi Julio Alberto, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”, que acaba de terminar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, en la ciudad de Tandil).

En efecto, una parte del empresariado local apoyó y protagonizó el golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 y luego le dio sustento, cuadros políticos y económicos (empezando por el propio ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz), vínculos nacionales e internacionales al Estado terrorista que, no por casualidad los benefició con sus políticas económicas y sociales.

Artículo de Víctor Mendibil publicado en "Tiempo Argentino": Las empresas y el golpe militar

En muchos casos, esos empresarios llegaron a participar directamente en la violación de Derechos Humanos. Numerosas empresas y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas de la participación de altos directivos de las siguientes empresas en crímenes de lesa humanidad: los casos de los astilleros Astarsa / Mestrina, Ingenio Ledesma, Ford (Conti Juan Carlos c/ Ford Motor Argentina SA), Mercedes Benz, Acindar en Villa Constitución, Dálmine Siderca, entre otras.

De conformidad con lo probado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, existía un accionar coordinado entre las empresas y las Fuerzas Armadas para proceder a secuestrar y detener obreros, en particular, delegados de personal y representantes de los trabajadores. Entre la innumerable cantidad de casos citados es de destacar por su gravedad, desde los sindicatos de Mecánicos (SMATA), entre otros.

Así, la ausencia del Estado de Derecho posibilitó todo tipo de atropellos y de desconocimientos de los derechos de los trabajadores en el plano específicamente laboral y, por supuesto, sindical.

Los trabajadores, ya desde la época de la resistencia a la dictadura (30 de marzo de 1982, Paro y Movilización a Plaza de Mayo) pusimos en conocimiento de la opinión pública esta situación, pero con las limitaciones propias de la época. Instaurada la transición democrática y abiertos los primeros juicios por violaciones a los Derechos Humanos, intentamos impulsar una investigación sobre estos acontecimientos, pero todavía la impunidad era más fuerte.

Fue por esa razón que, el 16 de marzo de 1998, la Central de Trabajadores de la Argentina se presentó ante el juez español Baltasar Garzón y denunció formalmente estos gravísimos hechos. La versión completa de esa presentación la publicamos, a través del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, en un cuadernillo que lleva por título “Juicio en Madrid”, y allí se puede apreciar en detalle la información precisa del protagonismo criminal, las complicidades y el colaboracionismo de esos sectores empresarios. .

Decíamos entonces: “Venimos a denunciar que de los 30 mil desaparecidos, el 68 % eran trabajadores, lo que evidencia que el ataque estuvo dirigido a la clase trabajadora, con los objetivos señalados, ya que mientras el señor Martínez de Hoz, entonces ministro de Economía, aplicaba su receta de desempleo y miseria salarial, a la medida de sus mandantes empresariales, los grupos de secuestro salían, día a día, a tratar de doblegar la tenaz resistencia de la clase trabajadora.”

Sin embargo, pese a la larga historia de denuncias, la valentía de los testigos, la abundancia de pruebas y el incansable tesón de la mayoría de los argentinos por una justicia profunda y verdadera en torno al genocidio todavía no hemos logrado sentar en el banquillo de los acusados a estos personajes.

La reactivación de los juicios contra responsables militares, policiales y algunos de sus colaboradores civiles recién empieza a rozar el tema de la participación y colaboración de sectores empresarios locales. Llegar a esta instancia es imprescindible. No se trata de venganza. Nunca se trató de eso. Allí está el ejemplo de las Madres y las Abuelas que nunca recurrieron a ese tipo de acciones. Se trata de justicia en el más profundo de sus sentidos. Una justicia que no sólo examine el pasado y saque a luz una verdad histórica, una justicia que no sólo condene a los responsables o repare moralmente a las víctimas de la represión, sino que contribuya, con su acción a fondo, a modificar la sociedad argentina que aún sigue plagada de estos personajes, que se pasean todavía por la escena pública sin pudor, que exhiben sus riquezas manchadas de sangre y que siguen lucrando como si nada.

Hay que hacerlo. Antes de que estos nefastos personajes se mueran cómodamente en sus mansiones, como se murió la Fortabat. Hasta tanto, los trabajadores seguiremos bregando por esa justicia y repetiremos, como escribió Pablo Neruda: “Doy fe. Yo estuve allí/ Yo estuve/ y padecí y mantengo/ el testimonio/ aunque no haya nadie/ que recuerde/ yo soy el que recuerda/ aunque no queden/ ojos en la tierra/ yo seguiré mirando/ y aquí quedará escrita/ aquella sangre/ aquel amor, aquí seguirá ardiendo/ no hay olvido, señores y señoras/ y por mi boca herida/ aquellas bocas seguirán cantando”.

Víctor Mendibil. Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA)