Más allá que puede tener algunos aspectos cuestionables o polémicos a lo largo de su dilatada trayectoria, no cabe duda que esta inhabilitación apunta a frenar las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española y el régimen de Franco, como así también a poner coto a las legítimas pretensiones de instaurar un sentido y una práctica de justicia universal, que no discrimine entre dictadores y genocidas del tercer mundo o de los países centrales, que los siente en el banquillo de los acusados a todos por igual, y que allane el camino hacia una efectiva vigencia de los principios del humanismo, la defensa de la vida, la solidaridad, la paz, la igualdad y la libertad, que no son otros que los principios de los derechos humanos.

Los trabajadores y el pueblo argentino tenemos una especial gratitud por la invalorable contribución que el Dr. Garzón hizo cuándo impulsó la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado en nuestra Patria.

El 16 de marzo del ’98, (en la Argentina estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entre otras, que garantizaban la impunidad) comparecíamos ante el juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del Dr. Baltasar Garzón: Víctor De Gennaro, Marta Maffei, Alberto Morlachetti, Alberto Piccinini, Juan Carlos Caamaño y quién firma esta nota, patrocinados por los Dres. Carlos Slepoy y José Luís Galán en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para denunciar: “hechos relevantes que constituyen delitos que hacen a la causa a su cargo, de los cuales surge la existencia de un plan concentrado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de estado y el genocidio con el objeto de disciplinar socialmente a la clase trabajadora, para obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica”.

Finalmente, reclamábamos “se condene todos los responsables aquí denunciados, y/o quienes resulten individualizados como producto de esta causa a la pena máxima contemplada, por los delitos de genocidio y terrorismo de estado”, que con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo del ’76 comenzaron a operar, preparando el ensayo de lo que luego sería el terrorismo en gran escala, el genocidio sistematizado sobre la clase trabajadora. Todos conocemos los autos de imputación y prisión dictados a los genocidas por el Dr. Garzón en la mencionada causa.

Por todo ello, expresamos nuestro más profundo repudio a la sentencia del Tribunal Español que inhabilitó a Garzón y que, por elevación, pretende acabar con el camino que recorremos muchas mujeres y hombres en el mundo entero: el de la justicia universal.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.

Federación Judicial Argentina