Creo que no digo ninguna novedad si afirmo que la decadencia y crisis del fuero laboral en la Argentina no es un hecho aislado, o un fenómeno en sí mismo, sino que es parte de una crisis más general del sistema judicial en nuestro país y que, esta misma crisis, en parte también de una crisis más general de nuestro proyecto de Nación.

Veamos algunos indicadores básicos dados por el Ministerio de Justicia de la Nación acerca de los procesos ingresados, resueltos y en trámite en el último período previo a la gran crisis del 2001.

Indicadores Básicos
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ingresados 41.021 46.306 47.218 35.895 22.566 16.512 19.072 20.569 Total Resueltos 47.866 53.411 59.004 54.395 44.268 34.410 31.379 27.147 Total En trámite 121.730 114.812 104.580 86.101 64.911 48.127 37.022 32.245

Esta tendencia no se ha revertido y los análisis más serios indican diversas causas como determinantes de la caída de la actividad del fuero laboral de la Nación.

Y a pesar de esto, todavía, de tanto en tanto, algunos medios de comunicación agitan el fantasma de la industrial del juicio y recuerda el colapso sufrido en 1991 cuando ingresaron más de 162.000 juicios.

Pues se precavieron muy bien de esta supuesta industria. Ahora vemos bien la tendencia a transformar la justicia laboral en una justicia residual.

Entre esas causas está en su orígenes más tempranos el proceso de desindustrialización del país (que vale la pena recordar que se inició 1975 con el Rodrigazo), el desempleo estructural y funcional y el trabajo precario condiciona en los hechos más que ninguna ley, desde hace años la vigencia de garantías constitucionales protectoras del trabajo y la familia, el aumento del trabajo en negro que deja más indefenso al trabajador, el desaliento judicial por mayor desprotección jurídica .

Para dar algunas cifras sobre la situación del mercado laboral, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el Primer trimestre de 2005 el desempleo alcanzó (sin tener en cuenta los planes sociales, que no constituyen trabajo genuino) el 16,6%. Este porcentaje es equivalente a 2.643.539 personas desocupadas. Para el mismo período, el trabajo en negro alcanzaba al 47,5% del total de asalariados, los cuales a su vez constituyen el 75% de los ocupados. Esto quiere decir que 4.945.273 personas se encuentran en una situación laboral irregular.

Esta desprotección, debe recordarse llegó a incluir el terror como un instrumento decisivo. Porque además del terror general en el que se sumió a la población durante la última dictadura militar, hay que recordar (y creo que aquí todos lo recuerdan muy bien) la cantidad de trabajadores desaparecidos, presos y asesinados, así como la cantidad de abogados, especialmente laboralistas, desaparecidos, presos y asesinados, entre ellos el querido compañero marplatense Norberto Centeno.

Todas estas variables están pesando hoy en este proceso de destrucción del Fuero Laboral.

Y también, y esto no hay que olvidarlo, los sistemas de mediación previa a la instancia judicial que son parte del proceso de reformas judiciales alentadas por el Banco Mundial no solo para la Argentina sino para toda América latina y otros sectores del Tercer Mundo.

La Reforma Judicial en Argentina empieza a ser conocida como tal básicamente a partir de las jornadas realizadas a finales de la década del ’70 por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) en la Ciudad de Mar del Plata con la participación de magistrados de todas las instancias y abogados. Los trabajos llevados a cabo por esta institución y por sus autoridades, los Dres. Horacio Lynch y Enrique Del Carril, así como también como otros previos, escritos por el Dr. Julio César Cueto Rúa y el Dr. Carlos Garber. Desde este Ministerio, el Dr. Rafael Bielsa, autor también de varias publicaciones sobre el tema, tuvo a su cargo la coordinación de un estudio realizado con una donación del Banco Mundial, denominado "La Justicia Argentina" en 1994.

Como antecedentes específicos de este Programa, podemos mencionar al equipo de expertos interdisciplinarios que durante el último cuatrimestre de 1998 participaron en la elaboración del Plan Nacional de Reforma Judicial y luego en el estudio denominado: Análisis de las propuestas de Reforma del Sistema de Justicia y la reunión del Consenso para la Reforma Judicial realizada en abril de 1999 en la ciudad de Mar del Plata en la que participaron numerosos actores del sistema judicial, político, organizaciones no gubernamentales y expertos (PROJUS - Ministerio de Justicia/Banco Mundial). Asimismo las actividades desarrolladas en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (Ministerio de Justicia/BID), especialmente aquellas realizadas con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS).

El Programa Integral de Reforma Judicial fue creado el día Lunes 3 de Julio del año 2000 mediante el dictado de la Resolución Nº 177/00 de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos. Dicho documento establece que Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha fijado los lineamientos básicos de reforma integral del sistema de justicia, para su discusión y la generación del consenso necesario.

Toda esta ofensiva sobre el sistema judicial no ha perdido vigencia, al menos en sus lineamientos fundamentales y continúa avanzando.

No hay que perder de vista, pues, que el proceso que afecta al Fuero Laboral es en realidad parte de una readecuación más general del sistema judicial.

Y no podía ser de otro modo. Al fin y al cabo, sin bien creo que todos los que estamos aquí coincidimos en la Defensa del Fuero Laboral, también coincidiremos en que el valor implícito de justicia social que tiene este fuero, no se resuelve solo en esta instancia, sino en todo un sistema judicial que debiera garantizarlo.

Es decir, no se trata de que haya bajado la conflictividad social e interindividual porque estamos en un momento de paz social ni mucho menos.

Se trata de que lo que se ha instalado es una tendencia a la resolución desfavorable para el trabajador y los trabajadores de esa conflictividad social.

El Fuero Laboral, que de algún modo, representaba un amparo para el trabajador, entonces, empieza a sufrir este vaciamiento que vemos claramente en las cifras expuestas.

Así es como se llega a la aparente paradoja de que el Fuero Laboral se transforma en un sector del sistema judicial que está menos sobrecargado que otros fueros y en ello se justifica que se le pretendan asignar causas comerciales -como fue la idea de un peregrino proyecto legislativo- y hasta que luego de instalado el corralito y el corralón hasta le asignaran amparos por depósitos en dólares efectuados en el sistema bancario.

Se violó así el principio de especialidad del fuero laboral, que como se sabe, tiene raíz constitucional.

Recordemos que, en el artículo 75, la Constitución ordena al Congreso Nacional dictar el Código de Trabajo y de la Seguridad Social. Esto implica que debe haber una normativa sustancial en materia laboral y también en materia de la seguridad social. Desde luego que puede ser que las controversias que se susciten sean atendidas, como a veces sucede en algunas provincias, por jueces que tienen una competencia variada pero que, en el ámbito nacional, está claramente delimitado porque hay jueces del trabajo y jueces de la seguridad social.

Este ataque a la especialidad del fuero laboral ha suscitado resistencias múltiples, algunas colectivas como el Foro en Defensa del Fuero Laboral, que la Federación Judicial Argentina y la CTA integran, junto con otros sectores, e individuales, algunas de ellas de carácter tan paradojal como dramático, protagonizados por ese extraordinario compañero, el juez Mario Elffman que, en su momento, ante la escasez de recursos expresada en la falta de papel y otros implementos necesarios para el trabajo en su juzgado laboral, debió disponer que el papel solo se usara prioritariamente para las tareas específicas de su fuero y no para los amparos.

Recuerdo que causó alarma en los grandes medios de comunicación esa actitud de Mario Elffman, no les preocupaba que faltara papel en el juzgado, signo revelador de hasta qué punto llega el vaciamiento y la desjerarquización de la justicia del trabajo, sino que el juez hubiera dispuesto, sensatamente, una prioridad, que revela también una prioridad de valores con sentido social.

Pero decíamos al principio que esta crisis no es un fenómeno aislado sino que está relacionado con una crisis social, política, económica y cultural que envuelve a toda la sociedad argentina.

Y no podía ser de otra manera.

Porque el Fuero Laboral nació vinculado a una suerte de Estado de Bienestar que tenía en miras principios elementales de justicia social.

Más allá de aquellas viejas discusiones acerca de cuán transformador y avanzado fue realmente aquel Estado Benefactor, nadie puede discutir que contenía elementos fundamentales de justicia social.

Es así que, como parte del desmantelamiento de ese Estado, que ahora asistimos - en realidad desde hace más de una década y media- a una crisis fenomenal del Fuero Laboral.

El ataque al sistema judicial, en aquellos aspectos que se vinculaban esencial o secundariamente, a un modelo de sociedad basado en la justicia social, es un eslabón decisivo de una reestructuración capitalista que la Argentina comenzó a padecer desde 1975 en adelante y que con mayor o menor intensidad ha sido aplicado por cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde entonces.

No debemos olvidar que a las llamadas reformas de primera generación, que afectaron sobre todo a la base económica de nuestra sociedad, le sucedieron reformas de segunda y de tercera generación que incluyeron las instituciones políticas y especialmente el sistema judicial.

Producidos los profundos cambios en la economía del país, las políticas neoliberales avanzaron en la “adecuación” del sistema judicial argentino. Esa adecuación, producida tanto a través de políticas pasivas, como el abandono y el achicamiento presupuestario, tanto como también a través de políticas activas de reformas neoliberales, debían ser (y lo fueron y lo son) la GARANTÍA del buen desenvolvimiento del nuevo modelo basado en el más salvaje de las modalidades del capitalismo.

Es por eso que no solo está en crisis el sistema judicial, sino que la justicia como valor, y como actividad fundamental del Estado, se encuentra en su encrucijada mas grave.

Este papel de garante de un modelo social es importante señalarlo.

Si no se “adecuaba” el sistema judicial cómo se iba a garantizar este modelo de inequidad, que se pone de manifiesto en la desigualdad social que hoy es más profunda que en cualquier otro momento de la historia moderna de la Argentina.

La expresión más aguda y crítica de ese sistema judicial al servicio de un modelo económico y social injusto fue, sin duda, la Corte Suprema de la Nación, contra la que justamente se levantó la mayor parte del pueblo en un repudio que llegó hasta las puertas mismas del tribunal, en aquellos recordados cacerolazos en los que la Federación Judicial y la Central de Trabajadores Argentinos participamos desde un primer momento, junto a la Asociación de Abogados Laboralistas, algunas asamblea populares y otras entidades. La Federación, la CTA, integró también la Junta Promotora por la Remoción de la Corte que, sin duda, tuvo mucho que ver con el desplazamiento de algunos de sus integrantes en la actual etapa política.

La conducta de esa Corta expresada en fallos típicos no solo de un mal desempeño en las funciones de los magistrados, como lo corroboró la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y luego en Senado cuando produjo la remoción de varios de sus miembros, sino incluso a través de hechos delictuales, podríamos decir que no solo garantizó ese modelo social y económico injusto, sino que fue un instrumento eficaz para promover la desigualdad en la Argentina.

Las cifras de la desigualdad muestran que en la Argentina durante la década del ‘90 en lugar de derrame del ingreso tuvimos una elevación del ingreso hacia arriba.

Según los datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (EPH-INDEC), durante el primer trimestre de 2005, mientras que el 20 por ciento más rico de la población argentina percibía el 54,4 por ciento del ingreso nacional, el 20 por ciento más pobre percibía apenas el 3,8 por ciento. La política económica aplicada ininterrumpidamente desde 1975 en nuestro país, ha convertido al desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso y la explotación creciente del trabajo en elementos estructurales de nuestra sociedad.

Este alarmante cuadro de desigualdad coincide con los resultados sobre la pobreza efectuado por el Banco Mundial, según el cual cerca del 40 por ciento de la población es pobre. El Plenario de Obispos en el Cónclave del Episcopado planteó esa situación como alerta social, destacando la exclusión social, la inequidad y su derivación en violencia y marginalidad. Proceso que demuestran que el aumento de los delitos contra la propiedad cometidos en la última década tiene una relación casi directa con la regresividad de la distribución del ingreso.

Esas desigualdades -según informes sobre Desarrollo Humano del PNUD- se traducen en exclusión social, marginando a individuos que se sienten incapaces de igualar a sus congéneres con acceso a bienes de consumo.

Pero hay algo más que señalar. Estas transformaciones regresivas no solo se pueden lograr cuando hay un sistema judicial GARANTE de la desigualdad, sino también cuando se ha perdido una batalla más profunda todavía, que es la batalla cultural.

La exclusión y el empobrecimiento de millones de argentinos se produce cuando el sistema de valores de la sociedad otorga más importancia a lo que se posee que a lo que una persona es o puede llegar a ser por sus méritos y esfuerzos.

Hay pues muchas batallas por librar, la batalla por los valores de una sociedad, por valores que se asienten en la libertad, en la defensa de la vida, en la igualdad, y en la justicia social es, seguramente, el primer paso para recuperar muchos de nuestros derechos perdidos y, también para no quedarnos allí, porque es necesario ir todavía más adelante, hacia una sociedad que consagre de un modo cierto y definitivo estos valores.

Finalmente, más allá de estas palabras, quiero manifestar un compromiso. En nombre de la Federación Judicial Argentina y en nombre de la Central de Trabajadores Argentinos, nos comprometemos a defender el Fuero Laboral, y junto con ello la legislación que le da sustento e integralidad, en el marco de un modelo de país solidario, con justicia social y libertad. Porque no se puede defender lo uno sin lo otro. Sería hipócrita decir que sí al Fuero laboral y desentenderse de todo lo demás. Y mucho más hipócrita quizás decir que se defiende un modelo social justo y dejar en el olvido a la justicia laboral.

VICTOR I. MENDIBIL

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2005