Los trabajadores judiciales acabamos de obtener una de las más importantes conquistas de los últimos años: la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de “emergencia” que suspendían la aplicación de la llamada Ley de Enganche y cercenaban nuestros salarios.

Aunque todavía no ha quedado firme, la declaración, efectuada por la Corte de conjueces de la Provincia , viene a reparar, más de dos décadas después, una de las más grandes injusticias que padecimos y, en caso de ser consentida o ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , corresponderá la reparación de los derechos económicos conculcados.

Es necesario subrayar que el Estado provincial tiene el compromiso jurídico y ético de respetar la sentencia que comentamos. En efecto, después de una larga y trascendente lucha, en setiembre de 2005, el gobierno provincial, a través del gobernador de entonces, Felipe Solá, firmó un acuerdo con los representantes del gremio, encabezados por el secretario general, Mario García, por el cual se comprometía a trabajar conjuntamente con el gremio sobre el reestablecimiento de la porcentualidad en los meses subsiguientes. Ello nunca fue cumplido por el gobierno provincial, a pesar de los reclamos gremiales. En consecuencia, ahora debe acatar ese fallo que lo obliga a cumplir con sus responsabilidades.

La lucha consecuente y continuada del gremio es lo que ha posibilitado este triunfo, que debió sostenerse en una lucha de más de veinte años. Bien sabemos que un solo mal paso, una sola claudicación de la dirigencia o el simple desinterés de los trabajadores en la defensa de sus derechos hubieran hecho fracasar nuestro objetivo. Es por ello que se debe valorar la persistencia, la tenacidad, la lealtad a los principios y la eficacia de las prácticas gremiales que condujeron al triunfo.

Dicha declaración inconstitucionalidad se funda en que las normas citadas son violatorias de derechos adquiridos legítimamente por los trabajadores judiciales.

Tales derechos se refieren a la aplicación de los aumentos resultantes de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por conducto de la ley 11.017 y de las leyes previsionales que garantizan la movilidad de los haberes en función de los incrementos producidos en las retribuciones del personal en actividad. De este modo, toda esa normativa de “crisis” o de “emergencia” que atropellaba las conquistas de los judiciales, quedan canceladas.

Hace 20 años, el Gobernador Antonio Cafiero a través de los decretos mencionados intentaba suspender la ley de Enganche en la provincia de Buenos Aires como preludio de lo que luego se encargaría Eduardo Duhalde: la derogación de la Porcentual. Asimismo la Legislatura avalaba el atropello mediante dos leyes.

La lucha de los trabajadores judiciales fue muy intensa y, finalmente, en febrero de 1992, la AJB, representada (Mendibil y Rompani), con el patrocinio letrado del doctor Antonio Cortina, presentó una demanda (técnicamente, una acción declarativa de inconstitucionalidad) contra los decretos y las leyes respectivas.

Es necesario destacar muy especialmente la actividad de un compañero como el doctor Cortina. Porque si dirigentes hubo muchos en el transcurso de estos años –y todos ellos cumplieron con la misión de mantener firme el reclamo–, el fue el abogado que, como siempre, sostuvo en todo momento la acción judicial que acaba de culminar con este éxito. Es esa clase de abogados que nunca perdieron de vista su origen de trabajador y que, además de esa lealtad y firmeza, posee las calidades intelectuales y profesionales que son necesarias a la hora de fundamentar nuestros reclamos.

Porque nosotros siempre fundamentamos nuestros reclamos. A diferencia del poder, que frecuentemente nos tiene acostumbrados a la pura prepotencia y no cree necesario respaldarse en el derecho ni en los principios éticos, los trabajadores respetamos las normas que son conquista de los trabajadores mismos y de lo más alto del desarrollo de la humanidad. El poder no procede del mismo modo, y un ejemplo contundente es el caso que exponemos aquí: avasalla las propias leyes que dicta, no cumple los compromisos que firma, y ahora nos tiene en vela para saber si aceptará las obligaciones que surgen de la sentencia.

Pero nuestro velar no es una simple espera. Es una actitud de alerta y de lucha. Nada terminó definitivamente con la sentencia obtenida. Es una etapa. Seguimos de pie.

Pasaron veinte años para que una Corte de conjueces declarara la INCONSTITUCIONALIDAD y les diera la razón a los trabajadores judiciales representados por la AJB.

En ese período ningún gobernador hizo lugar a la reivindicación histórica que es la recuperación del sistema porcentual. Todos, desde Cafiero y Duhalde pasando por Ruckauf, Solá y Scioli, se negaron a considerar la posibilidad de su recuperación. Hoy, las actuales autoridades del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte tienen la oportunidad y la obligación de reparar tamaño atraso, ambos deberían convocar al gremio para iniciar la senda que asegure la reparación de tamaña injusticia.

Por tal motivo, y no obstante no estar aún firme el fallo, debemos celebrar esta sentencia como un triunfo. Porque nunca bajamos los brazos. Porque aguantamos a pie firme la “negación de justicia” que significa que haya pasado tanto tiempo para tener sentencia. Porque a pesar que los trabajadores somos los más maltratados por la Justicia no claudicamos en la defensa de nuestros derechos. Porque este fallo demuestra claramente lo justo de nuestra lucha por la Porcentual, el Convenio Colectivo y los Derechos Humanos de los trabajadores desde un Gremio que no renuncia a sus principios de independencia del Estado, los Gobiernos y los partidos políticos.

Habrá que seguir trabajando para defender esta sentencia y lograr la reparación total de los derechos violados de los trabajadores activos y jubilados.

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011.

Víctor Mendibil - Secretario General - Federación Judicial Argentina