De joven escuché decir a un dirigente conservador: “Tiempos eran los de antes. Cuando se hacía un remate en un campo en la época de Fresco sólo llegábamos los del partido. La policía se ocupaba de filtrar en la ruta.” Esa frase siempre me rondó y en estos días se me hizo actual.

El jueves 21 no había remate en Sierra de la Ventana, pero sí fue “un día de fiesta por los anuncios que del gobernador y su equipo llegaron”, relata con entusiasmo la hija del secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Tornquist. La joven agrega en su carta publicada en un medio local: “Gracias a la intervención del personal policial se pudo evitar que estos festejos sean opacados… mediante un reclamo JUSTO O NO” (la mayúscula le pertenece).

Una combi con una decena de empleados judiciales de Bahía Blanca, portando termos, mates y sándwiches, más unas peligrosísimas banderas de la Asociación Judicial Bonaerense, recorrían los 100 kilómetros que separan Bahía Blanca de Sierra de la Ventana. Iban a peticionar una razonable retribución salarial y el restablecimiento de la ley porcentual vigente hasta comenzar los ’90, la que permitía percibir salarios basados en la justicia distributiva. Daniel Scioli, como el gobernador Manuel Fresco en la década infame, utilizó a la policía para su “jornada de celebración para la comunidad”, entregando subsidios y regalos estatales como si fueran propios, recreando una versión moderna de los remates privados. No faltó el buen brindis en una bodega privada. Y como en el juego de Martín Pescador, los empleados judiciales le preguntaron: “Señor gobernador, ¿nos dejará pasar?” Y con media mueca Scioli respondió: “Pasarán, pasarán, pero el último quedará…” Este juego mezquino del siglo XXI quizás esté imitando inconscientemente juegos duros como el del 17 de octubre del ’45, cuando levantaban los puentes de Avellaneda para que el pueblo no llegara a la Plaza de Mayo. ¿Desde qué lugar se toman estas decisiones? Algunos dicen que es una cuestión de fe. Pero: ¡No, señor gobernador! ¡No puede ser así! En un sistema de derechos, de convivencia armónica y civilizada, donde el uso de la fuerza pública debe estar al servicio de la Constitución, es un deber admitir la pluralidad de opiniones, es una obligación garantizar el traslado de las personas de un lugar a otro, es legítima la expresión pacífica de los ciudadanos y es procedente la reivindicación de derechos. Es legal desde el derecho de huelga a la simple petición de viva voz ante el mandatario, mero delegado transitorio del pueblo bonaerense que lo eligió para manejar los asuntos públicos del Ejecutivo durante cuatro años. La policía, en un sistema de seguridad democrático, debe prevenir la comisión de delitos, y nunca puede ser una guardia de corps del gobernador de turno. La policía no tiene por función dar visibilidad a los aplaudidores, escondiendo a los que marcan pacíficamente sus diferencias. Tampoco es su función actuar como “informante” del gobernador, haciendo espionaje interno, estudiando los movimientos de quienes se preestablecen como los “peligrosos”, parándolos en “controles” sucesivos en la ruta. Eso importa reeditar los roles que han quedado registrados en los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. El pueblo de la provincia de Buenos Aires necesita la observancia estricta de la Constitución, con políticas inclusivas y no expulsivas. El gobernante debe predicar con el ejemplo, sin excederse del límite que prometió observar cuando al asumir juró por la Constitución y la ley.