En el caso de Mendoza, ¿nos puede llamar la atención lo sucedido cuando al inicio de su gestión el gobernador Celso Jaque había nombrado como ministro de seguridad a un ex funcionario de la Dictadura y como subsecretario a un personaje denunciado como integrante de los famosos Grupos de Tareas?. Recordemos que Jaque resistió hasta donde pudieron las presiones de organismos de DDHH y organizaciones populares para que separara a los dos funcionarios. El Gobierno nacional se vio obligado a intervenir ante lo escandaloso de la situación generada por uno de sus aliados.

Si nos remitimos a lo sucedido en José L. Suárez hemos escuchado y leído abundantes declaraciones de funcionarios bonaerenses haciendo un relato muy “perfecto”, muy “cerradito” que explicaría acabadamente la responsabilidad de un grupo de personas habitantes de la villa “La Carcoma” , que actuaron provocando el descarrilamiento del tren y el intento de saqueo. Por tal motivo, y siempre de acuerdo a la versión del Gobierno provincial y a los voceros de la Empresa, la Policía tuvo que intervenir en salvaguarda de la propiedad privada con los resultados conocidos. Casi nada: dos jóvenes muertos y otra persona en estado gravísimo por estas horas.

Haciendo un paralelismo con Mendoza, ¿nos puede llamar la atención la actuación de la policía? Es decir, ¿nos puede llamar la atención la actuación institucional?, ¿la respuesta del Estado? Por supuesto que no.

Año tras año el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria elabora un informe donde se analizan minuciosamente los casos de abuso policial, violencia institucional y violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención.

Estos informes, que son esperados con mucha expectativa por organismos de DDHH, profesionales relacionados a la cuestión penal de las más diversas especialidades, parte importante de la justicia, organizaciones de trabajadores, del ámbito universitario, entre otros, lamentablemente pareciera ser que no son registrados por los gobernantes de turno. A punto tal que el Comité ha tenido que presentar reiteradamente denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

La actuación de los representantes gubernamentales citados por estos organismos para hacer los descargos pertinentes ha sido francamente lamentable porque más Allah del empeño que pusieran para justificar lo injustificable no se puede “tapar el sol con la mano” y ni siquiera hay avances concretos para ir mejorando la situación que no sólo refiere a las situaciones de encierro sino también a la actuación policial (detenciones, torturas, vejaciones diversas, gatillo fácil).

Como referencia cercana digamos que hace menos de una semana se cumplieron dos años de la desaparición del joven Luciano Arruga a manos de la Policía y la causa esta empantanada en la Justicia. Todavía la carátula es por “averiguación de paradero”. Una vergüenza.

En este punto cabe hacer una referencia al papel de la Justicia. Porque tanto la actuación ilegal de la Policía como las violaciones de DDHH en comisarías y lugares de detención no tienen, salvo excepciones, un tratamiento ejemplar por parte de muchos integrantes del Poder Judicial. Se sigue hablando de “apremios ilegales” cuando en realidad se trata de torturas, por ejemplo. El caso de la carátula de la causa Arruga al que hacíamos referencia más arriba es otro caso. Incluso recordemos las idas y venidas en la causa por la desaparición de Julio Jorge López, etc.

El Poder Judicial es el aparato del Estado más conservador, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo. Es verticalista, elitista, autoritario, corporativo por lo que no nos debe sorprender la falta de apoyo y solidaridad de ese mismo Poder con el juez, defensor o fiscal que enfrenta a los diferentes poderes tanto privados como estatales en concordancia con el compromiso con la Constitución y las leyes y en particular con los derechos humanos que debe regir la actuación de cualquier magistrado.

La democratización del Poder Judiciales una tarea enorme y pendiente que tenemos por delante y en ese sentido reiteramos la propuesta de la CTA de constituir el organismo de selección (Consejo de la Magistratura) que Este integrado, entre otros, por representantes de los trabajadores judiciales y de la comunidad como en Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz. Debe tener por otra parte un funcionamiento absolutamente público. Es parte de la lucha por la democratización de la sociedad.

Volviendo al origen de estas líneas, podríamos decir que otra coincidencia entre lo de Mendoza y provincia de Buenos Aires es que las victimas son pobres. En el caso de José L. Suárez, pobres de toda pobreza. Son los que concurren a diario a las montañas de basura del CEAMSE a buscar algo. Y si ese algo es “comida”, mejor.

Sistema penitenciario, Policía, Justicia: el aparato represivo del Estado. La superestructura que debe garantizar la vigencia del modelo y del sistema capitalista. ¿Para reprimir a quienes? A los pobres, los que según algunos son destinatarios de las mayores preocupaciones (y nada más) de los gobiernos y según otros directamente “sobran”, no tienen lugar en el sistema.

Los trabajadores no podemos permitir esto, es absolutamente insoportable. Por eso, son fundamentales no sólo las denuncias y movilizaciones populares ante cada caso de violación de nuestros derechos sino también avanzar en la organización de la clase trabajadora.

En la medida que progresemos en esa dirección iremos construyendo el poder necesario, nuestro poder, que nos permita la construcción de la sociedad que soñamos.

El 23 y 24 de marzo próximo el Congreso Federal de la CTA que se reunirá en Mar del Plata tendrá la oportunidad de definir los objetivos y las estrategias que hagan posible esta trascendente empresa política.

La Plata, 6 de febrero de 2011.-

Hugo Blasco Secretario DDHH CTA Nacional