Reunidos en la ciudad de Neuquén los trabajadores patagónicos durante los días viernes 24 y sábado 25 de junio de 2.005, en el marco de la Federación Judicial Argentina y con la presencia y participación de varios miembros titulares de la Mesa Directiva de la entidad nacional, DECLARAN:

Exaltamos y celebramos el reencuentro de los empleados tribunalicios del extremo sur de la república argentina, en la medida que ha servido mejor que en otras épocas, para advertir con meridiana claridad que el ataque a nuestros derechos, reivindicaciones y garantías, es el más feroz de las últimas décadas, que el retroceso de las condiciones laborales y salariales es gigantesco y que, frente a este panorama, la unidad de acción del sector en particular y del movimiento obrero en general, resulta absolutamente imprescindible.

Denunciamos el surgimiento de una nueva forma de impunidad, que se suma a la que ha caracterizado a tantos hechos delictivos sin esclarecimiento y a gobiernos y policías corruptos, que han hecho de la represión sin límites, una mecánica habitual de la vigencia y de la profundización del poder tradicional.

Es la que se tipifica a partir de los abusos de autoridad y de los incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos, que cometen numerosos integrantes de los superiores tribunales y de las cortes provinciales, que violan, tanto por omisión como por acción, toda la pirámide de la gradación legislativa, pese a ser justamente quienes deberían garantizar su pleno respeto en todos los ámbitos a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

En esta línea expositiva, nos encontramos con demasiados ejemplos claros y terminantes, varios de los cuales pueden ser así sintetizados:

Ø CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO: Respaldadas por las constituciones nacional y provinciales, por los pactos y convenios internacionales, por el convenio específico de la Organización Internacional del Trabajo y por la ley nacional que lo recepta, son negados ilegalmente en función de una función autoritaria, que debe ser erradicada de una vez y para siempre, debido a que este capítulo es insustituible en el camino de la democratización de las relaciones laborales. Toda la doctrina de la OIT es conteste en señalar que el otorgamiento de la personería gremial aparece vacío de contenido si carece de alguno de estos dos elementos: la libre ejercitación del derecho de huelga y la puesta en marcha de la convención colectiva del sector.

Ø CARRERA ADMINISTRATIVA. INGRESOS Y ASCENSOS POR CONCURSO CON CONTROL GREMIAL: Esto se retacea o directamente no se cumple, para poder seguir manipulando las designaciones y las modificaciones escalafonarias, a través de las malsanas prácticas burdamente conocidas como “acomodos” o “el uso del dedo”. Se privilegia al alcahuete o al genuflexo por sobre el eficiente, a través de mecánicas totalmente opuestas a las que deben caracterizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Ø REIMPLANTACIÓN DEL REGIMEN PORCENTUAL DE RETRIBUCIONES CON “ENGANCHE” NACIONAL: Ha sido históricamente la única mecánica que permitió una equitativa distribución de los salarios dentro del sector. Con su vigencia plena, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ganaba 4,54 veces más que un empleado ingresante. Su desaparición llegó a llevar esta relación a 60 a 1 en su expresión más vergonzante y pulverizó la racionalidad precedente, para premiar a muchos jueces con remuneraciones del primer mundo y condenar a sus “subordinados” con niveles propios del Africa subsahariana. El sistema porcentual de los judiciales argentinos fue elegido por la Conferencia de los Servidores Públicos del Tercer Mundo (Venezuela, 1.985) como el mejor de todos los conocidos y comparados, debido a su profunda equidad. Por eso molestó al poder tradicional y obligó al menemismo y al nefasto Bernardo Neustadt, a llevar adelante una incisiva campaña para eliminarlo definitivamente y para desprestigiarlo ante toda la comunidad. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que su recuperación integral es la mejor reforma judicial que se pueda hacer y que destruye el privilegio de los magistrados, para erigirse en un acto de estricta justicia. Esta es la razón por la cual es atacado y estigmatizado.

Ø CESE DE TODA FORMA DE PRECARIZACIÓN LABORAL: Es necesario para poner coto a una de las maniobras desleales más inhumanas, vigentes en el seno de un Poder Judicial que niega su esencia y su propia naturaleza. El compañero provisorio carece de estabilidad, tiene total desprotección jurídica, es coaccionado y amenazado regularmente, no puede ejercitar el derecho de defensa, sólo puede hacer paros en una atmósfera de terror y queda en la calle con un proveído de menos de diez líneas. Es un paria del panorama laboral y tiene constantemente la espada de Damocles pendiente sobre su cabeza. Desgraciadamente, el carácter represivo y ultrapatronalista de tantos jueces, sirve para mantener inalterable esta lacra que también nos llena de vergüenza.

Ø EL IMPULSO Y EL RESPALDO A LA REFORMA DEL BANCO MUNDIAL: El proyecto responde a las necesidades estratégicas planteadas por los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América y se asienta esencialmente sobre tres ejes: necesidad de brindar “seguridad jurídica” a los grandes inversores; mercantilizar a la administración de justicia, equivaliéndola a la empresa privada (acrecentamiento de la riqueza económica y perfeccionamiento del poder) y erradicar toda posibilidad de generación de un verdadero estado de derecho. Se puede trazar un símil entre los efectos de un eventual ingreso al ALCA (cese de toda posibilidad real de desarrollo nacional autónomo) y los que se corresponden con la reforma propuesta por el Banco Mundial (certificado de defunción para un Poder Judicial independiente puesto al servicio del pueblo, capaz de garantizar los derechos de todos y de poner coto a los excesos y desviaciones de los otros poderes). Quizá la imposición de este inhumano y antinacional modelo, sea hoy la prioridad más notoria de la Junta Federal de Cortes.

Ø MECANISMOS DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE JUECES Y FUNCIONARIOS CON PLENA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO Y DE SUS ORGANIZACIONES: Tema clave para una inmediata reestructuración, encuentra avances en la conformación de Consejos de la Magistratura, que pese a esto, en la mayoría de las provincias fueron transformados en una simple ficción. Sólo en tres de ellas están integrados los trabajadores judiciales. De todos modos, la designación de los mejores (o al menos, de los no tan malos), debe ser perfeccionada a través de un giro de 180º en las carreras de abogacía, en sus objetivos, en sus planes de estudio, en el listado de las materias, en sus contenidos, en sus métodos de enseñanza, en suma: en la personalidad de los noveles profesionales, que antes que nada, deben ponerse al servicio de toda la comunidad.

Ø PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. LA GRAVEDAD DE SU OCULTAMIENTO EN LOS PODERES JUDICIALES: El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ha brindado un ejemplo deplorable al pagar sobresueldos con MIG (mentiroso “Método Indicador de Gestión”), ocultar a sus beneficiarios y sus montos y llegar hasta la maniobra de crear nuevos números de legajos específicos para este operativo, diferenciado de los de carácter general vigentes hasta ahora. Contraría un principio esencial de la función republicana de gobierno, que es la publicidad de todos sus actos y propone el oscurantismo para tapar múltiples violaciones escalafonarias y salariales y para premiar de manera concreta, salvo excepciones, a alcahuetes y genuflexos. Es una mecánica repugnante y condenable, que se opone frontalmente a la misión y al sentido funcional y organizativo del Poder Judicial.

A todo esto, debemos sumar:

Ø La confusión de los roles jurisdiccional y patronal.

Ø La inexistencia de un ámbito imparcial distinto, para resolver las controversias con los sindicatos y con sus representados.

Ø Las maniobras desleales múltiples y continuadas.

Ø El irrespeto del derecho de huelga, que llega a la aplicación de descuentos salariales confiscatorios sin cumplir con ninguno de los pasos previstos por la legislación de fondo, a cancelar licencias a quienes hacen paros y a amenazar hasta con la cesantía.

Ø La mentira de la condición de “esencial” del servicio de justicia, en contraposición con toda la vasta doctrina producida por la OIT.

Ø La transformación del amparo en recurso de desamparo, con la complicidad de jueces que respetan la “jurisprudencia obligatoria” que generan los STJ, pese a que de esta manera se violan las constituciones, los pactos internacionales y las leyes de fondo. A esto se suma que los máximos órganos tribunalicios han llegado a autoadjudicarse (con la complicidad del Poder Legislativo) la competencia exclusiva de los amparos generados por sus propias violaciones. Se resuelven a sí mismos y dejan de lado sin ningún prurito, toda forma de moral o de ética.

Ø Las amenazas a empleados, dirigentes y organizaciones sindicales.

Frente a todo esto (y mucho más), al conjunto de la comunidad, la

Alertamos, para que reaccione y actúe preventivamente, antes que estas nuevas formas de impunidad generen a cada uno de sus componentes, perjuicios o daños irreversibles. la dictadura militar (1.976-1.983) nos dejó una lección que no debemos olvidar. cuando en sus primeros tiempos, secuestraba o motivaba la desaparición de un vecino, la reacción se limitaba a la expresión “por algo será”. hoy no tenemos que volver a caer en este error, que sirvió para hacer realidad el genocidio.

Exhortamos a toda la población a sumarse a una lucha frontal contra este virus mortal, que corroe aceleradamente el tejido social y genera males sin retornos, incluso sicofísicos, como consecuencia directa de la violencia laboral, de la desprotección total individual y colectiva, de la cancelación de derechos y garantías y del establecimiento permanente y sistemático de la ilegalidad, de la arbitrariedad y de la injusticia, por parte de quienes han sido designados para brindar el ejemplo opuesto.

Deploramos el ataque a las instalaciones del Sejun, pero mucho más, que un gobernador que es precandidato a la primera magistratura del país, haya sido el principal incitador a la generación de este tipo de violencia. merece nuestro total y absoluto repudio y nuestra más contundente condena, por ser un triste ejemplo de cuán hondo ha calado la impunidad en las estructuras gubernamentales que deberían estar luchando para destruirla y coartar toda posibilidad de reproducción.

Nos avergonzamos de los múltiples actos de violencia laboral, que protagonizan en forma cotidiana numeros magistrados y funcionarios superiores, que evidencian un total irrespeto por los derechos laborales específicos y por los derechos humanos en general, lo que genera en los trabajadores daños irreparables. también es una nueva forma de impunidad, surgida y profundizada al amparo del creciente desprecio por la condición de la persona, que se viabiliza en aras de la artera e involutiva “modernización”.

Aceptamos y comprendemos nuestra misión y nuestra responsabilidad en toda esta problemática, que constituye para el movimiento obrero un nuevo desafío, quizá el más complejo de los últimos tiempos. el cese de la impunidad a todo nivel es tarea del pueblo en su conjunto. el terminar con similar flagelo social materializado por los superiores tribunales y cortes provinciales, es trabajo prioritario de los gremios judiciales. son ya demasiados los magistrados de “alto nivel” que se sienten cómodos en su papel de patrones de estancia y en el seno de una verdadera dictadura o tiranía tribunalicia, bajo el paraguas de la democracia formal.

Comprometemos ubicar esta lucha como primera prioridad para desterrar esta malsana actitud, rayana en lo patológico. si es verdad que nuestra escala de valores está presidida por la solidaridad y ésta asienta su dimensión más excelsa en lo cronológico, debemos jugarnos el todo por el todo para poder ofrecer a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las generaciones venideras, una sociedad muy distinta, con la vigencia de un estado de derecho, hoy ni siquiera incipiente. además, cabe preguntarnos: ¿qué puede esperar del poder judicial la comunidad, si a sus propios trabajadores sólo les ofrece arbitrariedad e injusticia?.

Despreciamos toda forma de impunidad y estamos convencidos que debe ser pulverizada. La protagonizada por los superiores tribunales es, sin lugar a dudas, la más grave de todas, porque se construye desde un ámbito protegido por la ficción de una función que no se cumple. el objetivo de su destrucción total, por su significación y por sus implicancias, antecede a cualquier otro.

Que los máximos organismos judiciales de las provincias, violen sistemáticamente los pactos internacionales, las constituciones y las leyes, nos llena de vergüenza y de estupor. ¿Será este el máximo nivel de desnaturalización de la función pública?. Es difícil, sino imposible, imaginar una deformación mayor. Por todo ello sentimos la imperiosa necesidad de expresar, con pleno convencimiento:

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA TODA MANIOBRA DELICTIVA!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LAS AUTORIDADES GUBERNATIVAS!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LOS SUPERIORES TRIBUNALES Y PARA TANTOS MAGISTRADOS QUE GENERAN VIOLENCIA LABORAL!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA QUIENES TIENEN QUE IMPARTIR JUSTICIA Y SÓLO DISTRIBUYEN ARBITRARIEDAD E INJUSTICIA!.

EDUARDO FERNÁNDEZ NOVOA (Secretario General SITRAJUR); RAÚL BELCASTRO (Secretario General SITRAJUCH); EDGARDO CHERBAVAZ (Secretario General SEJUN); JORGE ALBERTO IZQUIERDO (Secretario General FJA); CARLOS ORDOÑEZ (Secretario Gremial FJA); JOSÉ LUIS RONCONI (Secretario de Prensa FJA).