• La Cámara de Diputados de la Nación estaría por tratar un proyecto de reforma a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, consensuado en las comisiones por todo el arco opositor, frente a otros dictámenes provenientes de los diputados oficialistas.

• Durante la elaboración de los proyectos la FJA fue consultada por el Interbloque Buenos Aires Para Todos, Proyecto Sur, entre otros, oportunidad en la que ratificamos nuestras numerosas y graves críticas a las sucesivas leyes orgánicas del consejo: la 24.937 y la 24939, dictadas durante el menemis; la 25.669, bajo el gobierno de Duhalde, y la 26.080, durante la Presidencia de Kirchner, que instrumentaron un sistema de selección de jueces cerrado y favorable al juego de corporaciones políticas, judiciales y letradas, violatorio del principio de la separación de los poderes y de normas supremas, basado en la peor interpretación posible de la Constitución Nacional. Nuestras críticas fueron y están siendo avaladas por los pésimos resultados de tal sistema desprestigiado, sujeto a permanentes crisis con entrecruzamiento de crudas acusaciones entre las corporaciones que lo integran, todo lo cual perjudica al pueblo y profundiza el descrédito del Poder Judicial y favorece a los poderosos.

• La Federación respondió a las consultas criticando los proyectos que mantienen, con retoques numéricos en la representación de las corporaciones mencionadas en el artículo 114 de la Constitución Nacional , y reformas que no cambian lo sustancial del sistema vigente, probadamente caduco. La FJA también ofreció al Interbloque un nuevo proyecto de reformas basadas en el que presentó en 2006, en oposición al impulsado por el gobierno, que originó la ley 26.080. Conforme a la constante posición de la Federación desde hace más de 25 años, la clave de propuesta sigue siendo la reforma profunda del modelo actual, que limite el poder y las trenzas de las corporaciones, democratice y profundice los procesos de selección, de control y juzgamiento de los magistrados sin violar su independencia, la asignación de recursos suficientes para la justicia y su administración honesta, todo ello mediante múltiples formas de participación popular directa que tambien son expresión de su soberanía, incluyendo a los trabajadores y especialmente a los trabajadores judiciales, en asuntos centrales hasta ahora omitidos. La FJA mantiene así la línea abierta hace más de 25 años por el Consejo de la Magistratura de Chubut, más tarde por el Consejo de Entre Ríos, y en menor medida, por el Consejo de Santa Cruz, en 1997.

• En el actual debate, la mayoría de la oposición y el oficialismo siguen sosteniendo el sistema reiteradamente fracasado.

• El proyecto mayoritario de los diputados incorpora reformas instrumentales positivas, algunas de ellas coincidentes, en todo o en parte, con propuestas de la FJA, como la absoluta publicidad de todo lo actuado por el Consejo, el respeto por la igualdad de género, limitar en todo lo posible el monopolio de los abogados, la suspensión de la matrícula y otras incompatibilidades de los consejeros abogados, la jerarquización de la Escuela Judicial, la reserva para el Consejo de la facultad de proyectar el presupuesto del Poder Judicial, la inclusión del maltrato, el acoso a empleados y funcionarios judiciales como causal de sanciones a los jueces y una apertura interdisciplinaria que tiende a ampliar el perfil meramente técnico de los jueces.

• El proyecto opositor incorpora, a propuesta del Interbloque, una iniciativa exclusiva de la FJA , que fuera desechada por el oficialismo y casi toda la minoría en la reforma impuesta en 2006. Se trata de la creación del Comité Asesor o Consultivo Honorario del Consejo, integrado por representantes de los organismos de derechos humanos y entidades creadas para mejorar la administración de justicia, las centrales de trabajadores, los trabajadores judiciales, los jubilados y pensionados, las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, de la población en situación de riesgo y de otras organizaciones populares. El comité tiene facultades, entre otras, para controlar el desempeño del Consejo, proponer reformas, promover el interés, la información y la participación popular en los temas judiciales.

• La Federación promovió esta idea para concretar una oportunidad de propuesta y acción, que tendrá el empuje y la eficacia que sepamos darle, a todos los que queremos una justicia al servicio del pueblo, especialmente a los trabajadores activos y pasivos, que somos los que más la necesitamos, frente al esquema cerrado y casi elitista de los sucesivos Consejos. Por lo pronto, el arco opositor comienza a reconocer el protagonismo de las organizaciones que se ha dado el pueblo, en la construcción del Poder Judicial. La FJA espera que el oficialismo no bloquee o minimice esta incorporación.

• Habrá que seguir luchando para que el Congreso corrija los defectos de la ley actual.

Víctor Mendibil Antonio Cortina