El problema de la corrupción, la falta de independencia a la hora de emitir sus sentencias y, ente otras cuestiones, la ineptitud de muchos de los magistrados que integran el sistema judicial se han convertido, en los últimos meses, en temas de denuncias cotidianas.

A la par de esas denuncias, ha surgido un legítimo e importante debate sobre la legislación que regula la selección de los magistrados, un tema en el que los trabajadores judiciales hemos venido batallando desde hace muchos años, en especial desde el retorno a las instituciones constitucionales en 1983. No somos, por supuesto, lo únicos preocupados con este tema, incluidos por supuesto muchos jueces probos que denuncian desde adentro del Poder Judicial esta situación.

La inquietud que se vislumbra en algunas propuestas de reforma sobre el modo de selección de los jueces, sin embargo, resulta manifiesta y totalmente coyuntural, por no decir oportunista. Una actitud falta de seriedad que termina por bastardear el problema. Por ejemplo: se difunde el currículo de un integrante de una cámara federal de Mendoza pero, solamente, cuando ese individual produce un fallo contrario a los intereses del poder de turno; se destapa la olla de los negociados de un juez, pero, de nuevo solamente, cuando tiene en sus manos una causa que casualmente afecta a quien hace la denuncia; se descubre la trama del poder judicial de la dictadura tras la débil trama del sistema judicial actual pero, solamente, recién cuando se toca algún interés de los poderosos del momento. Más allá de las verdades que encierran estos descubrimientos de ocasión, esos flamantes abanderados de la pureza de la magistratura y sus proyectos de modificación de las normas que regulan su selección, dejan muchas sospechas sobre la autenticidad del espíritu democrático que debiera inspirarlos.

¿Cuánto hace que sabemos que hay centenares de jueces de la dictadura en el actual sistema? ¿Por qué algunos parecen descubrirlo recién ahora? ¿Cuántos Faggionato Márquez hay además del tal Faggionato Márquez? ¿Cuántos jueces confunden justicia con criminalización de la pobreza y la protesta? ¿Cuántos otros problemas hay que no se denuncian?

Así, muchas de las pretensiones reformistas ya sean originadas en el Gobierno Nacional como en sectores de la oposición están teñidas de sospechosas actitudes oportunistas.

A estos adalides de las denuncias de ocasión, hay que recordarles que cuando asumió la presidencia el doctor Alfonsín, las flamantes instituciones convalidaron la presencia de la enorme mayoría de los jueces de la dictadura, es decir, de uno de los tres poderes que integraron el Estado terrorista que implementó el genocidio y la impunidad.

A estos mismos héroes del denuncialismo hay que recordarles que convalidaron métodos de elección de los jueces que condujeron a este estado de cosas que hoy pretenden denunciar y reformar. ¿Serán estos adalides de la justicia los que nos orientarán hoy en lo que debemos cambiar en el sistema judicial y en la selección de los jueces?

Se dijo apenas salidos de la dictadura –lo dijo por ejemplo la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que el 93 por ciento de los jueces del llamado “Proceso” continuaban en funciones en 1985. Y eso no cambio, salvo por la natural decantación de los años y algunos de esos personajes hoy integran las máximas iniciativas de los poderes judiciales ¿Qué más corrupción para la democracia que haber servido a la dictadura?

En consecuencia, no se trata de un tema nuevo. Muchas veces la cuestión de la composición de la magistratura ha estado en la escena principal y, no hace tanto tiempo, exactamente desde fines de los años noventa hasta avanzado el 2003, llegó a transformarse en un problema clave que afectó a la propia Corte Suprema de la Nación, que con la famosa mayoría automática del menemismo llegó a representar uno de las instancias más corruptas del sistema post dictatorial, que determinó el reclamo popular de remoción total de los integrantes del máximo tribunal.

Esa mayoría automática cayó con el impulso de las luchas del movimiento por la remoción de los integrantes del tribunal, del cual participamos los trabajadores judiciales junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, asambleas vecinalistas, la Asociación de Abogados Laboralistas y otras muchas instituciones y movimientos sociales.

La disposición del entonces presidente Kirchner, y de una importante mayoría parlamentaria, de hacer lugar a nuestros reclamos como así también la fijación por decretos de normas de transparencia en el debate por la designación de la Corte condujo a una mejora momentánea de la situación del Poder Judicial. Pero la determinación oficial no fue más allá de esos primeros pasos. El camino quedó truncado. ¿Es legítimo entonces darse por recién enterado de esta crisis?

Una verdadera reforma de los mecanismos de elección de los magistrados no puede ser el resultado de posturas oportunistas o meramente coyunturales, que solo apuntan a esgrimir medidas de cambio como elemento de presión o negociación de posturas políticas que, una vez alcanzadas, se olvidan de sus propios proyectos de ley.

Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) así como desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) hemos planteado pautas fundamentales para una verdadera democratización de la selección de los jueces. Los criterios fundamentales se vinculan a la participación popular en la designación de los magistrados, especialmente de los propios empleados judiciales (como ha sido consagrado, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos), la transparencia y el debate público, la exclusión de los postulantes que tengan vínculos con los golpes de Estado, las dictaduras, las corporaciones mediáticas y los grandes grupos económicos. La idoneidad de los magistrados tiene que tener parámetros que se vinculen con la trayectoria democrática, con el nivel académico, con la defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra.

De este modo, a través de una ley que reforme el actual Consejo de la Magistratura federal, estaríamos dando un paso decisivo hacia un poder judicial auténticamente popular y democrático.

Víctor Mendibil – Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA) y Secretario de Interior de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.-

Contacto: Víctor Mendibil, Secretario General de la FJA : (011) 15-5165-1058.