El sistema judicial argentino fue parte de la crisis que se puso en evidencia hacia fines de 2001 en la Argentina. Como no podía ser de otro modo, porque se trató de una crisis integral de nuestra sociedad, que afectó a todos los estamentos sociales y sus instituciones, la Justicia mostró sus aspectos más aberrantes (subordinación al poder político y económico, corrupción, etc.) y nuestro pueblo percibió nítidamente el fenómeno.

La movilización popular que, por entonces, se extendió a lo largo y ancho de nuestro país, expresó claramente su protesta contra la magistratura y dirigió su mirada directamente hacia la máxima instancia de la misma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Miles de manifestantes se concentraron el 28 de diciembre frente al Palacio de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la remoción total de los integrantes del máximo tribunal. Dos encuestas de opinión, que se realizaron a principios de 2002, revelaron que casi el 90 por ciento de los argentinos estaba de acuerdo plenamente con ese reclamo.

La vigilia popular se mantuvo a lo largo de todo ese año y esta presión obligó a los partidos políticos y a los movimientos sociales a asumir la necesidad de una transformación profunda del sistema judicial, que muchos de nosotros, desde la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos, ya planteábamos desde 1989.

Porque no era la primera vez que se presentaba esta situación. En verdad, la crisis del sistema se viene arrastrando desde los noventa y, si bien se evalúa, desde 1987, cuando las reformas neoliberales en nuestro país se hicieron más profundas y alcanzaron a los poderes judiciales (nacionales y provinciales), impulsadas por los gobiernos de turno y con el aval del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

La Justicia vista desde los trabajadores judiciales

Los trabajadores judiciales creemos que nuestra Justicia, considerada en su conjunto, es pésima, pero repudiamos a los que la critican sin autoridad moral porque son los grandes responsables de la falta de justicia.

La justicia que tenemos es la obra de los gobernantes nacionales y provinciales que manipularon nombramientos para tener cortes, jueces y fiscales adictos, buscando impunidad para su corrupción y sus abusos de poder, y negaron al Poder Judicial los medios legales, materiales y técnicos imprescindibles.

No hay vocación sincera por la Justicia en quienes habiendo tenido la oportunidad de mejorar al Poder Judicial prefirieron condenarlo a la ineficacia y a la negación de Justicia para los más necesitados de ella, en favor de los poderosos.

Hay una contradicción manifiesta entre defender el derecho humano de Justicia para las víctimas y dar apoyo económico y legislativo a personajes como Blumberg, en pugna con elementales garantías constitucionales.

Los fallos judiciales, especialmente si se pronuncian sobre conceptos abiertos como los impuestos por la ley para valorar si debe o no otorgarse una excarcelación, no están a salvo de la crítica y de la discrepancia fundada en la defensa de la razonabilidad apoyada en la ley y en la Constitución.

Además, esas resoluciones deben contemplar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se garantice el enjuiciamiento y el eventual cumplimiento de las condenas, pero sin avasallar las garantías constitucionales de los acusados, entre las cuales, la presunción de inocencia debe ocupar un lugar principal, para beneficio de todos, incluso de los que hoy quieren negarla.

Es cierto que vincular a Chaban con el principio de inocencia resulta ilógico, desde el sentido común, porque hasta él mismo, su defensor y sus íntimos reconocen públicamente que es culpable en alto grado y que lucraba con esa forma de arriesgar a diario tantas vidas jóvenes.

Las víctimas y la ciudadanía toda, incluyendo a los gobernantes, tienen derecho a opinar y a promover formas de reclamo y modificaciones que cambien las reglas de juego. Pero nadie puede pretender que la prisión preventiva del procesado opere como una pena anticipada ni confundir excarcelación con impunidad.

Una compleja jauría de personajes de conocida trayectoria cipaya, golpista, reaccionaria, venal y oportunista ha salido a la caza de "garantistas" aprovechando el escándalo publico suscitado por la excarcelación otorgada a Chabán, pero no por la concedida a la Ingeniera Alsogaray. Esa dualidad de conducta no puede sorprender en quienes no tienen ni la menor vocación de justicia, porque si ella existiera estarían entre rejas.

También han tenido estado publico otras criticas contra ambas liberaciones, aunque mucho menos virulentas hacia la que beneficio a la tristemente famosa ex polifuncionaria. Esta indignación recortada es más que sospechable, cuando proviene de sectores interesados en mantener la impunidad de los corruptos y en sacar rédito político de la tragedia de "Cromañon" y sus avatares judiciales.

Tampoco vemos allí verdadera vocación por la Justicia, especialmente, cuando los impugnadores han eludido su acción o han dado muestras de que prefieren un Poder Judicial subordinado a los intereses partidarios o económicos.

Por último, se han escuchado críticas bien intencionadas, respetuosas de la independencia judicial y que discrepan con los fallos por razones atendibles.

La terrible tragedia de "Cromañon", el retorno al fuego y la caverna, no tuvo una sola causa. Fue el producto atroz de una sumatoria de causas políticas, sociales y culturales, entre las que predomino el afán de lucro a cualquier precio, acorde a las reglas capitalistas prevalecientes, que matan y castigan a niños, jóvenes, adultos, ancianos, en los campos de batalla, en los hogares, en las escuelas, en los hospitales, en las prisiones, en los centros de tortura, en las calles.

Chaban es acusado de matar a 193 personas ¿Quién mata a los centenares de niños que mueren por año, solo en la Argentina, por causas evitables? ¿Quiénes son los culpables de la privación ilegal de la libertad y de los tratos degradantes que sufren los presos?

Los gobernantes deben moverse dentro de claros limites institucionales y asumiendo las responsabilidades que les correspondan respecto de las enormes deficiencias de la organización judicial que promueven su desprestigio.

No pueden ignorar que la indignación popular por la impunidad reinante y no decreciente actúa como poderoso estimulante del temor de las victimas de "Cromañon" de que el caso sea un nuevo ejemplo de esa brutal agresión contra la verdad y la justicia.

No pueden ignorar que otro factor de injusticia que irrita al pueblo es la permanencia en sus cargos de jueces automáticos, o de la servilleta, de jueces y fiscales que apañan la tortura y el gatillo fácil, que no tienen problema en llenar las cárceles de procesados, en convalidar leyes inconstitucionales, en criminalizar a los trabajadores y a los desocupados que protestan, en aceptar la destrucción de los derechos laborales y en ejercer la justicia del acreedor y el inversor. Con esos ejemplos y sin más elementos de juicio, la ciudadanía puede pensar que todos los jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales se conducen de la misma forma repudiable.

Otra Justicia es posible

La Federación Judicial Argentina ha enfrentado las políticas de ajuste para la Justicia. Miles de pasantes, practicantes y contratados son la respuesta de los gobernantes que impiden que millones de argentinos tengan justicia y también que se democratice la designación de los jueces y los integrantes del Ministerio Público.

Si en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos, hay Consejos de la Magistratura con participación Popular, por qué no lo puede haber en el resto de la Justicias Provinciales y Federal. Con el Decreto 222 no alcanza. La integración de los consejos debe ser de académicos y de representantes de la comunidad (organismos de Derechos Humanos, Sindicatos, etc.), y no de delegados de los partidos políticos. Si no hay participación popular, jamás cambiará la Justicia Argentina.

Los trabajadores exigimos modificar urgentemente esta realidad. De lo contrario, más injusticia, más impunidad, sufrirá la mayoría del pueblo, que tiene en la Constitución Nacional y Provinciales, leyes que lo amparan y muy pocos jueces que las aplican.

Urge, entonces, dar respuestas a estos problemas con políticas concretas, políticas realmente transformadoras, que lleguen a las causas y no se queden en meros paliativos. Desatender estas tareas, en la Argentina de hoy, no es simple ineptitud o negligencia. Es criminal.

Jorge Izquierdo Secretaro General de la FJA Víctor I. Mendibil Cosecretario General FJA

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2005.