La composición y los vicios del Consejo de la Magistratura nacional han vuelto al tope de la agenda política dando lugar a la reaparición de lobistas que pretenden limitar el debate al reparto de cargos de las corporaciones que lo integran e incrementar la impunidad y/o dependencia de jueces y fiscales. Para ello presionan con una interpretación mezquina y elitista de la Constitución Nacional, relegando los derechos de justicia del pueblo y negando la realidad de que ese juego corporativo, que lleva más de diez años acumulando merecido descrédito, es una de las causas más relevantes de la falta de justicia que padecemos.

Sin hacerse cargo de su responsabilidad por esa historia frustrante, voceros de los estamentos políticos y forenses pugnan por dejar las cosas como están o sumar algún cargo de consejero para su parcialidad, a expensas de otras. Una vez más, gatopardismo puro.

Tanto al discutirse las reformas constitucionales de 1994 y de años posteriores, como al tratarse las primeras leyes orgánicas de los consejos de la magistratura nacional y provinciales, los trabajadores judiciales nucleados en la Federación Judicial Argentina nos opusimos a esa concepción del Poder Judicial como coto reservado a los intereses partidarios y letrados que inspira a la gran mayoría de los consejos. Así obtuvimos avances más participativos y abiertos en los consejos de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y algún pequeño progreso en la Provincia de Buenos Aires.

Nuestra principal bandera y mayor convicción se sustenta en la realidad que muestra que los cambios más importantes y perdurables en el comportamiento del Poder Judicial se han gestado en el legítimo reclamo contra la falta de justicia de organizaciones sociales que expresan el pensamiento popular sobre tan decisiva cuestión:

• Fue la lucha inclaudicable de las Madres de Plaza de Mayo y de los otros organismos de derechos humanos, compartida por la FJA; la CTA y otros movimientos sociales; la que garantizó y garantiza que la impunidad de los genocidas no se consumara, por la complicidad y la falta de compromiso de muchos jueces y fiscales, dentro y fuera del país.

• También lograron abrir grandes boquetes en la muralla judicial que ampara el gatillo fácil, la tortura, las cárceles horrendas, la discriminación y la corrupción de los poderosos y los más variados atropellos contra el pueblo.

• Fueron y son los sindicatos y las organizaciones sociales creadas por el pueblo las impulsoras de reglas democratizadoras de la selección de los jueces de las cortes y tribunales de casi todo país, para compensar la cerrazón de la gran parte de los consejos de la magistratura.

• Fueron organizaciones sociales (Asociación de Abogados Laboralistas, Federación Judicial Argentina, CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Justicia para todos) las que pusieron en fuga a los cortesanos de la mayoría automática menemista, luego de numerosas denuncias, un Juicio Etico y más de dos años de continuos cacerolazos repudiándolos en las puertas del palacio que usurpaban.

• Son sindicatos y organizaciones sociales las que tratan de monitorear las maniobras y la obscuridad reinantes en muchos consejos de la magistratura.

• Y fueron organizaciones populares, especialmente el SEJUN de los judiciales neuquinos, los que lograron la destitución de los jueces de la corte de Sobich; y la Asociación Judicial Bonaerense quien promovió la destitución de una jueza que acosó durante diez años a sus empleados en Necochea; como ejemplos concretos. Tan valiosa experiencia de lucha principista por la justicia democrática de miles de ciudadanos organizados, de los trabajadores judiciales y de la CTA, no puede ser nuevamente marginada en esta oportunidad de remodelar los órganos de selección y de juzgamiento de jueces, fiscales y defensores, dando amplia cabida a la participación popular en esos delicados procesos. Los trabajadores necesitamos que la garantía de Justicia para el Pueblo sea efectiva y su independencia e imparcialidad estén aseguradas.

Con esa vocación proponemos:

1. Que el Consejo sea integrado por representantes de los jueces de cámara y de primera instancia del Poder Judicial de la Nación, y abogados de todo el país. Representantes del PE y PL de la Nación, elegidos entre las personalidades postuladas por las organizaciones ciudadanas; representantes del ámbito académico y científico, elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Estos últimos no necesariamente abogados y todos deberán contar con trayectoria y prestigio reconocidos, especialmente en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

2. Que el Consejo cuente con un Comité Asesor, integrado por miembros honorarios, elegidos de los siguientes sectores: 1) entidades defensoras de los derechos humanos 2) las centrales nacionales de trabajadores inscriptas ante el Ministerio de Trabajo; 3) el gremio representativo de los trabajadores judiciales; 4) las entidades públicas y privadas con actividad documentada en defensa del patrimonio público y contra la discriminación, la contaminación y la degradación del ambiente; 5) las entidades nacionales representativas de los profesionales universitarios sin representación en el Consejo; 6) las entidades nacionales representativas de los jubilados y pensionados. Su constitución observará la igualdad de género.

3. Instalar un debate profundo sobre las garantías que debe otorgar al pueblo el proceso de selección de los jueces, ya que se trata de un tema determinante para la calidad institucional, la democracia y la vida de los habitantes.

Federación Judicial Argentina . Buenos Aires, Julio 31 de 2009.-