LA FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA, ante las amenazas recibidas por la dirigencia sindical del SINDICATO DE EMPLEADOS JUDICIALES DE NEUQUEN (SEJUN), D E C L A R A:

Que repudia la actual situación institucional de la provincia de Neuquen, donde últimamente son víctimas de amenazas y agresiones los dirigentes sindicales, luchadores sociales y distintos sectores de la vida provincial que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales de ese estado provincial.

Que deplora la intención de acallar, mediante el método cobarde de las amenazas anónimas, legítimos reclamos de mejoras salariales, mejoras institucionales y respeto a la Constitución y las leyes que son sistemáticamente desconocidas por quienes, precisamente, tienen esa enorme responsabilidad. Como, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia provincial, que se niega a cumplir una ley salarial, estableciendo una discriminación contra los que menos tienen, como el servicio de maestranza y empleados de los juzgados de paz, por el sólo hecho de ser excesivo el monto a liquidar, como sostiene en su dictamen el Administrador Judicial contador Alberto Paponi.

Se ha comprometido públicamente y mediante un acta acuerdo con SEJUN la discusión de una mejora salarial para el corriente año y la respuesta negativa es acompañada con este atropello que es la amenaza desembozada de quienes reivindican la dictadura militar.

No podemos acallar este bajo intento de amordazar a quienes, legítimamente, reclaman el cumplimiento estricto de la ley, la plena vigencia del régimen democrático en el Poder Judicial, y el respeto a los derechos humanos, agredidos por las amenazas a la Dra. Nara Oses, al compañero Raúl Godoy y ahora a nuestros compañeros Chervabaz y Rubio.

A esto se suma una política de agresión permanente a la organización del Poder Judicial con la promoción de juicios politícos y persecusiones injustificadas a quienes no responden obsecuentemente al poder en el gobierno.

Ha llegado la hora que el gobernador JORGE SOBISCH tome el toro por las astas y produzca las rectificaciones de las políticas que son motivo de gran preocupación para la población toda. No alcanza con declamar que estamos en la mejor provincia, hay que dar ejemplos concretos desplazando de los cargos claves a quienes desde una posición de ventaja echan mano a metodologías que, precisamente, dieron en su momento origen al 24 de marzo de 1976 y bañaron en sangre el suelo argentino, para vender todo su patrimonio nacional y matar a los militantes sociales.

Neuquén es una provincia que tiene uno de los mayores ingresos per capita y, sin embargo, mas del cincuenta por ciento de la población orilla la marginalidad. Esto no puede ser un proyecto de quien aspira a ocupar la primera magistratura nacional. Anhelamos que se rectifiquen las políticas persecutorias, las amenazas y se supere la intranquilidad que hoy toda la población provincial vive, en función de estas prácticas que tanto dolor lo han causado al pueblo de la Nación.

Los judiciales reiteramos nuestra profunda vocación democrática, nuestra vocación al diálogo que, incluso, ha sido resaltada por legisladores provinciales, pero no vamos a callar el intento de silenciarnos a través de métodos cobardes como los denunciados por nuestros compañeros neuquinos.

Los judiciales de todo el país exigimos una investigación rápida y el compromiso gubernamental de esclarecer esta seguidilla de hechos funestos, porque no es con el desconocimiento de la ley y la Constitucíón que superaremos las divergencias que por mayores que sean, ameriten apelar a estos bajos métodos condenables.

Haremos conocer en todos los círculos de poder estas amenazas, dando participación al Gobierno Nacional y a las organizaciones de derechos humanos para que todo el espectro político, sindical y social condenen las prácticas políticas que solo han traído un gran dolor a la sociedad Argentina. BUENOS AIRES, 23 de marzo de 2005.-

JORGE ALBERTO IZQUIERDO - Secretario General de la Federación Judicial Argentina.