Sin previo aviso, fuerzas especiales del DINOES de Perú, integrado por miembros del ejército y la policía, incluso desde helicópteros, atacaron a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa hora se encontraban durmiendo en la denominada Curva del Diablo, en la región amazónica.

Estas comunidades vienen realizando un paro que dura ya dos meses, con bloqueo de la carretera amazónica, en reivindicación de sus derechos humanos y en defensa de su territorio, de su derecho a consulta y del diálogo con el Gobierno central.

Esta movilización pacífica tiene su origen en la promulgación de un paquete de normas cuya derogación es demandada por las comunidades. Los decretos en cuestión garantizan la explotación minera y petrolera al margen del derecho a consulta de las comunidades y en violación de las normas internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas. Las medidas oficiales están en concordancia con el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos y Perú, lo que abre las puertas de las trasnacionales a la explotación de las riquezas en territorios indígenas.

Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5 mil los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía y el ejército los atacó en la madrugada.

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes. El número de muertos ya superaría el centenar.

Posteriormente, al tomar conocimiento de la masacre, los estallidos de indigación se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron por la tarde, en medio de disparos y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad. Toda la zona de Bagua y Utcubamba está bajo toque de queda y ocupada militarmente.

La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.

Sin embargo, la Aidesep negó que sus hombres tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.

La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos", al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra "en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo".

El doctor Edgar Rodas del Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande calificó de “barbarie” la forma como vienen interviniendo alrededor de doscientos efectivos policiales en Bagua, Amazonas.

Por su parte, el decano del Colegio Médico de Amazonas, Julio Castro Gómez, afirmó que la policía está disparando indiscriminadamente contra la población.

La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui, calificó de masacre la matanza en la región amazónica del norte peruano.

Testigos han denunciado que los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dinoes. Luego de ser quemados en la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), son arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.

El dirigente aseguró que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos. Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.

El Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, donde se hallan refugiados unos 700 de esos 4.000 nativos, informó que del resto no se tienen noticias y se les considera con paradero desconocido o desaparecidos. Aunque se supone que muchos están escondidos, no se sabe cuántos de ellos han sido asesinados, dado que las fuerzas militares y policiales impiden que los grupos de apoyo localicen a los sobrevivientes escapados.

La hermana Ricardina Ramos, de la comunidad nativa Nazareth, relató que el cómputo de muertos entre los indígenas ha alcanzado ya al menos los 60. Además, parte de los cadáveres habrían sido arrojados al río, otro calcinados... Muchos cuerpos yacen en los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas.

Las comunidades afectadas son 64 y los refugiados se encuentran en una situación angustiosa al impedírseles hacer lo posible para encontrar a sus compañeros...

La CGTP, central de trabajadores de Perú y la Federación de mineros y metalúrgicos, condenaron severamente “la criminal represión” del gobierno de Alan García y expresaron su solidaridad con los pueblos indígenas. En respaldo de sus demandas, las fuerzas sindicales y sociales de Perú concretaron ya el 27 de mayo una jornada de protesta con paros y movilizaciones, y amenazan con una nueva demostración.

El paquete legislativo que desató la protesta, que implica reformas en asuntos laborales, ambientales, de propiedad intelectual, de manejo de biodiversidad, y otras materias, y aprobado a la medida del TLC, fue considerado lesivo e inconstitucional, no solamente por las organizaciones indígenas, sino, por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, y entes defensores de los derechos humanos e indígenas a nivel internacional.

La FNTMMSP (Federación de metalúrgicos y mineros), exigió al gobierno central el cese de toda acción represiva y criminal encaminada por las fuerzas del orden, y de manera inmediata volver por los cauces democráticos y el verdadero espíritu del Estado de Derecho que permita actuar de manera responsable y constitucional con la historia.