Recuerdo que en los primeros meses del año 1966, cuando se advertía que había un claro clima para derrocar al gobierno constitucional del Dr. Illia, la asociación judicial bonaerense, de la cual participaba , se pronunció públicamente en contra de la ruptura del orden constitucional, advirtiendo los riesgos que ello implicaba, no solo para ese presente, sino para el futuro. Siendo, si mal no recuerdo, el único gremio en adoptar una actitud en defensa del orden constitucional.

Traigo esta referencia por dos razones: una, la manifiesta vocación democrática que emana de tal comportamiento, y otra, por las consecuencias negativas que produce su ausencia, como claramente lo demostró la dictadura de Onganía y ni decir de los genocidas del 76.

Y esto porque creo que la impunidad, que ya arrastra 33 años, está provocada en su mayor parte por la falta de comportamiento democrático, que no es ni más ni menos el respeto a la constitución nacional.

En este sentido señalo que nuestra carta magna no es ni más ni menos un conjunto de ideas fundamentales, cuya vigencia ó aplicación permite a una sociedad vivir civilizada y armónicamente.

Claro que para ello tiene que aplicarse sin interpretaciones que las desnaturalice y que la ecuación conocida como de premios y castigos opere con toda claridad.

Puedo decir que en nuestro país parece que funciona a la inversa , es decir, se premia con la impunidad a quienes han cometido los hechos más espantosos, que a veces uno siente que no hay palabras que transmitan tanto horror y se castiga a las víctimas que advierten el paso del tiempo sin que se haga justicia.

En esto no tengo dudas que quienes tienen la mayor responsabilidad son los jueces que intervienen en los juicios.

Lamento generalizar pues conozco quienes cumplieron cabalmente con su deber, a ellos no los involucro.

Con relación a lo que vengo diciendo voy a intentar transmitirles algunas de mis experiencias de casi 25 años en el ámbito federal.

Con ello pretendo fundar la responsabilidad que le adjudico al poder judicial, no como entelequia, sino de carne y hueso.

Son breves referencias a hechos que explican en cierto sentido la morosidad en los juicios de lesa humanidad y que indican como se intentó torcer la conducta de magistrados.

Aclaro que no cuento con pruebas que demuestren que hayan tenido éxito, aunque algunos procederes fueron y son sospechosos.

Recuerdo que al inicio de la investigación, a principios del año 1985, fuimos invitados a la cámara federal de buenos aires, donde, discusión mediante, se planteo no bajar mas allá de los comandantes y subcomandantes de los cuerpos de ejercito y grado equivalente en las otras fuerzas armadas.

También se habló de la obediencia debida, de la democracia joven, etc. Asimismo se hizo mención a no imprimirle un ritmo acelerado a la investigación.

Estos puntos de vista estaban basados en la intranquilidad que habría existido en las fuerzas armadas, cuyos integrantes eran ni más ni menos los autores de la desaparición de 30000 ciudadanos. Esta mecánica se continúo con visitas a esta ciudad de algunos miembros de aquel cuerpo, reiterando el mensaje de no apurar las actuaciones ni ordenar la detención de militares.

Por supuesto y los hechos ocurridos en aquel tiempo lo demuestran mantuvimos la independencia y actuamos según lo correcto.

Y es así que nos constituimos en las ciudades de Neuquén, roca y Viedma, para recibir las pruebas que se pudieran reunir.

Sobre todo testimonios de las víctimas y efectuar un reconocimiento del centro clandestino de detención ubicado en el predio del ejercito con asiento en la ciudad Neuquén , desde ya que estaba semi destruido.

Fue una tarea difícil y agotadora, pues la existencia del punto final nos imponía un tiempo brevísimo.

En esta recopilación de pruebas no tuvimos dificultad con los testigos víctimas que fueron numerosos aportando elementos valiosos.

Pero fue casi imposible que se enviara por el poder ejecutivo documentación militar, que luego de muchos reclamos llegaban en forma incompleta.

Recuerdo que en una oportunidad a las 6 y media de la mañana me llamó una popular y respetada periodista de buenos aires y al comentarle que el ministro Juanarena no enviaba la documentación, me dijo “no se la va a enviar”.

No obstante con la prueba recopilada se ordenaron las citaciones a prestar declaración indagatoria a los comandantes de cuerpo de ejército, a los subcomandantes, otros oficiales y suboficiales, como así integrantes de otras fuerzas de seguridad y policiales.

Se recibieron las declaraciones hasta donde se pudo y se procedió a la detención de oficiales de ejército, entre ellos tres generales.

Al sancionarse la ley de obediencia debida que declaramos inconstitucional por mayoría, la decisión fue recurrida y por lo tanto las actuaciones fueron elevadas a la corte suprema que luego de un largo tiempo revocó la decisión con la sola disidencia del dr. Bacque.

Posteriormente y para aquellos que no eran alcanzados por la ley de obediencia debida vinieron los indultos de Menen los que también por mayoría los declaramos inconstitucionales con dictamen en igual sentido del fiscal de la cámara Dr. Cañon.

Sobre esto es importante decir que al dictaminar a favor de la inconstitucionalidad el fiscal Cañon no apelaría, incluso, tengo entendido, desoyendo las directivas del procurador de la corte.

y es así que se recibió la visita de un fiscal de cámara de capital federal dr. Norberto Quantin con la instrucción del procurador de la corte de sustituir al fiscal Cañon y recurrir.

Por mayoría rechazamos tal petición y mantuvimos la intervención de Cañon.

A partir de estas incidencias las causas fueron apeladas por los defensores de los generales detenidos y elevadas a la Corte Suprema, donde quedaron radicadas por mucho tiempo.

La actuación reseñada de la cámara federal le valió que le quitaran jurisdicción sobre las provincias de Neuquén y Río negro y se aumentó el número de sus miembros de 3 a 5, hecho insólito pues a menor jurisdicción, es decir trabajo, se aumentó el número de jueces.

Sin las actuaciones aludidas que tenían carácter punitivo y a pedido de damnificados abrimos los juicios para establecer el destino de los desaparecidos, desarrollándose una intensa actividad, con una colaboración inestimable de los empleados.

Se obtuvieron pruebas sobre el mecanismo que utilizaban los represores en los procedimientos ilegales pero no se pudo obtener datos sobre el destino de los ciudadanos detenidos. Sí se probó que eran entregados en la denominado “escuelita” que funcionaba en el quinto cuerpo.

También se obtuvo la identificación del encargado de la vigilancia de ese centro clandestino el hoy coronel y detenido Julián Corres, como de otros oficiales de baja graduación que componían los grupos represivos, siendo un coronel quien ejercía el mando sobre ellos y dirigía los procedimientos de detención y posterior entrega al centro clandestino.

En el marco de estas actuaciones tres de los miembros del tribunal nos trasladamos a la ciudad de Mendoza para recibirle declaración al paradigma de los torturadores Santiago Cruciani, hoy fallecido, quien se negó a declarar. Ante esta negativa se lo dejó detenido hasta que estuviera dispuesto ha hacerlo. Los camaristas mendocinos hicieron todo lo posible para que desistiéramos de la detención, al no accederse, nos fue retirada toda ayuda y la atención protocolar fue lamentable.

También nos acarreo un pedido de jury que fue rechazado por el consejo de la magistratura.

Por recurso, está causa fue a la casación y se radicó en la denominada sala militar (Bisordi), quien prohibió a esta cámara recibir declaración testimonial a personal militar.

Planteo mediante y por mayoría el tribunal entendió que las reformas el código militar habían quedado derogadas por la sanción del nuevo código procesal y debían remitirse las causas de orden represivo según el lugar en que se haya cometido el delito. Esto produjo un desmembramiento de las actuaciones, es decir, parte quedaron en bahía blanca, otras fueron a Viedma, algunas a roca y otras a Neuquén.

Disculpen esta, talvez, tediosa enumeración de datos, pero me fue necesaria para fundamentar mi opinión de que la demora injustificada que se advierte en esta jurisdicción es responsabilidad de miembros del poder judicial, según sea la instancia, pues cada una de ellas retuvo por un injustificado y prolongado tiempo las actuaciones, como así en demorar las resoluciones, circunstancias que impedían continuar con su tramite.

Se dice en ámbitos judiciales que la demora se debe a falta de personal, en algunos casos puede ser.

Sobre el tema he leído en distintos medios que se van a crear 750 puestos para acelerar el trámite de los juicios de lesa humanidad.

Pero también se aclara que no es solamente para estos juicios sino también para las causas comunes, circunstancia que podría desnaturalizar el objetivo.

Si realmente lo expuesto es verdad con ese número importante se pueden organizar grupos de trabajo dedicados exclusivamente a los delitos de lesa humanidad.

Aunque esto para que no sea una nueva frustrada intención tiene que ir acompañado de la creación de un organismo de seguimiento integrada por personas de reconocida trayectoria democrática, sino temo que se transforme en otra promesa no cumplida o bien se frustre por falta de personal idóneo.. Sobre este aspecto señalo que en que esta jurisdicción se han creados puestos, creo que suficientes, destinados a las causas en que se investigan delitos de lesa humanidad, pero lo que se ha hecho es nombrar a personal sin experiencia, tanto es así que se designo como secretario a un abogado con poco tiempo en el título y con el único antecedente de ser familiar de un juez.

Tengo entendido que además se los destina a causas de delitos comunes. La contracara es Neuquén.

En el mes de diciembre del año pasado culminó una parte de los juicios con condenas de represores, con penas a cumplir en establecimientos carcelarios, en actuaciones al menos iniciadas en igual fecha que la de esta ciudad.

aunque en este juicio hay que decirlo enfáticamente tuvo dos factores determinantes la movilización de las madres y los organismos de derechos humanos y un magistrado que cumplió integralmente con su deber, me refiero al Dr. Labate, presente en este acto.

Resumiendo todas la demoras que puntualicé se generaron en el ámbito del poder judicial, en todas sus instancias, ya sea la corte suprema del 83 que además de mantener la constitucionalidad, en contra de toda la doctrina, de la obediencia debida.

Imposible pensar que quien mutilaba, violaba, torturaba, asesinaba, incineraba a mujeres, jóvenes, ancianos etc. podría estar amparado por esa justificante.

El sentido común indica que quien cometió hechos aberrantes como lo que enumeré pueda obtener el perdón porque cumplió órdenes, es inaceptable.

Que distinta habría sido la historia si la corte suprema hubiera confirmado la inconstitucionalidad.

Debo anotar que la corte demoró en resolver y mas en reintegrar las actuaciones.

Similar conducta observó la sala militar de la cámara de casación que de la mano de Bisordi complicó y demoró actuaciones.

Todas estas circunstancias lamentables y que se pueden calificar de un claro caso de denegatoria de justicia, tienen, en mi opinión, un denominador común que es la falta de un interés real en los jueces de que estos juicios marchen adecuadamente.

No otra puede ser la explicación que del 2004 hasta la fecha en bahía blanca no hay imputados que sean llevados a juicio en forma inminente.

Esta ausencia de interés de los jueces puede deberse a una falta de visión del grave riesgo que implica para la democracia que sigan sin juicio y castigo los genocidas o bien que esperan que se debilite el reclamo con el paso del tiempo o talvez esperando que soplen otros vientos mas favorables para reforzar la impunidad.

Tengo la seguridad que la ciudadanía no lo permitirá pues creo que se seguirá escuchando con más fuerza que nunca el reclamo de juicio y castigo para los genocidas.

Ya terminando quiero expresar en forma sintética que se debe poner una especial atención en el aspecto democrático que los candidatos a cubrir cargos de jueces deben tener bien internalizados.

tengo la certeza que quienes así piensan no permitirían esta morosidad intencional, como tampoco habrá acoso laboral, ni sanciones a los empleados por cuestionar legítimamente decisiones administrativas, ni persecución a dirigentes gremiales, ni ser sancionado por cumplir ordenes legítimas, todo ello por la sola razón que respetaran la constitución nacional.

A lo que agrego que esta filosofía de vida siempre es más que necesaria, pero hay momentos históricos en el país en que esta cualidad toma real dimensión para la ciudadanía.

Y es precisamente cuando irresponsablemente se pide la pena de muerte por personas que tengo la seguridad que ni remotamente se han detenido a pensar, si pueden, que significa esa pena extrema y que los tratados y protocolos internacionales, incorporados a nuestra legislación por la Constitución nacional, lo prohíben.

Lo que significa que estos irracionales, que tuvieron abundante prensa, están incitando a cometer homicidio.

Susana Gimenez pidió que se terminen con los derechos humanos, calificándolos de estupideces.

Cacho castaña fue más directo dijo que con 300 ladrillos se resuelve el tema de la inseguridad “hay que hacer un paredoncito y listo” (textual).

Estas insensateces no merecen otra consideración, pero sí mi mas absoluto repudio.

Es cierto que hay un reclamo de seguridad, que sin duda el estado está obligado a garantizar.

Pero cuidado que no sea que volvamos a que los fines justifiquen cualquier tipo de medios y uno que lleva bastantes años de vida ve con inquietud el tenor de los discursos en las distintas manifestaciones reclamando acción, que puede llevar a la aparición de métodos ilegales que violen flagrantemente lo derechos y garantías previstos en la constitución.

Este tema es muy complejo (económico, social, etc.) y como tal debe ser tomado para adoptar las medidas correspondientes.

No solamente con chalecos antibalas, nuevas armas y sofisticados aparatos de comunicación e identificación, móviles, etc., que no estoy en contra, pues la policiía como servidores públicos deben tener los medios para cumplir con su deber, por supuesto dentro de los límites constitucionales.

Y debo agregar que mucho menos bajando la edad de imputabilidad se resuelve el problema.

En síntesis si todo termina en las medidas enumeradas la inseguridad no se resuelve.

Es indiscutible que la causa está en la desocupación, la miseria, la falta de comida en muchos hogares, la deserción escolar, la falta de trabajo.

La única solución es decidir una mejor y más justa distribución de la riqueza, volcando hacia los sectores más necesitados, que son los que mayor inseguridad sufren, la mayor cantidad de recursos.

Para concluir y reiterando la necesidad de que los jueces tengan principios democráticos firmes es necesario bregar por una modificación al consejo de la magistratura, dando cabida a sectores que no están representados, tomando como precedente y experiencia los consejos de Chubut y Entre Ríos.

Se que estos temas merecen un tratamiento más extenso pero lo dejo, si me lo permiten, para otra oportunidad. Muchas gracias por la paciencia. Nada más.