Desde la CTA se realizan muchas acciones que van desde movilizaciones y gestiones políticas hasta el asesoramiento jurídico de los compañeros. Uno de los objetivos es el de hacer pública la situación puntualizando las responsabilidades políticas y judiciales.

En el ámbito sindical se dan la represión policial (incluso dentro de los establecimientos fabriles), los despidos arbitrarios, los pedidos de desafuero de los delegados sindicales y los hechos de violencia provocados por grupos afines a la “burocracia sindical”.

Las patotas de la UOCRA contra los estatales y docentes de Santa Cruz, es un ejemplo. Los grupos de matones que responden a sectores del Gobierno en el Hospital Francés o el caso del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical de la Unión Ferroviaria con la complicidad de la Policía Federal (tercerización de la represión) son muestras de ello.

La represión de la protesta social, lejos de disminuir, aumenta y vemos cómo durante el último año se produjeron 14 asesinatos a manos de las policías provinciales, la Federal y las patotas. Lamentablemente el papel del Gobierno nacional es deplorable porque oscila entre el silencio (en el caso del asesinato de miembros de pueblos originarios en Formosa, Chaco o Tucumán) y la justificación del accionar policial (en el del Parque Indo americano, o en el caso de Mariano Ferreyra).

Capítulo aparte merecen las conductas de ciertos sectores empresarios que no reparan en alentar la represión más salvaje como pasó recientemente en Libertador General San Martín (Jujuy).

Sin lugar a dudas, el sistema capitalista, insalvablemente injusto e inhumano, a través de sus beneficiarios y gerentes hará todo lo posible para garantizar su reproducción y para ello se vale de todo un arsenal de acciones represivas (más o menos o nada “legales”) para perdurar.

*Hugo Blasco, Secretario de DD.HH. de la CTA Nacional y Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).